El descontento del sector cinegético con las políticas relacionadas con la caza se plasmó de manera extraordinaria en la histórica manifestación del pasado 20 de marzo, con más de medio millón de asistentes que clamaron en las calles de Madrid por la defensa de la caza y el mundo rural. Una de las principales reclamaciones de los cazadores es que se los escuche y se tengan en cuenta sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales.

En primera instancia, el colectivo cinegético solicita una enmienda a la totalidad de ese anteproyecto de ley, ya que entiende que su texto ha de ser revisado por completo, con una perspectiva realista y no ideológica, al estar trufado de una visión animalista radical. La ley no prohibiría la caza directamente, pero generaría tal inseguridad jurídica y plantearía limitaciones tan graves para el ejercicio de la misma, que sería imposible practicar la actividad cinegética.

Además, la normativa implica una clara invasión competencial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en cuestiones como la sanidad animal, la biodiversidad y la caza, así como un gran incremento del gasto público. Por otro lado, abre la puerta a que los cazadores sean denunciados por maltrato si sus perros de caza resultan heridos durante la actividad cinegética, con sanciones por infracciones graves que alcanzarían los 50.000 euros. Las redacciones de las prohibiciones generales que contempla la normativa son, a todas luces, incompatibles con la realidad de la caza y con el empleo en ella de perros, hurones o aves de cetrería. Otro de los puntos puestos encima de la mesa por los cazadores ahonda en este último aspecto, al subrayar la falta de viabilidad de las nuevas infracciones con la realidad de los animales auxiliares de la caza. Las sanciones son tremendamente desproporcionadas (hasta 200.000 euros) y, como se ha destacado, hacen imposible el desarrollo de actividades como la caza.