Tanto la presión como las denuncias públicas realizadas por las federaciones autonómicas de caza, englobadas en la acción conjunta de la Real Federación Española de Caza (RFEC), consiguieron que el Comité de Flora y Fauna del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aplazara hace una semana la votación de la propuesta para catalogar a la codorniz como una especie en peligro de extinción. Esta catalogación supondría la prohibición de la caza de esta ave migratoria, ya que, desde ese momento, dejaría de ser considerada una especie cinegética.

El ministerio informó a la RFEC que este aplazamiento se produjo después de haber recibido un exhaustivo informe de la Fundación Artemisan acerca de los datos recogidos en el proyecto Coturnix. Este documento fue enviado al citado departamento por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de que la información contenida en él (que echa por tierra, con cifras avaladas por un estudio científico, los planteamientos infundados de los grupos ecologistas) sea examinada por el Comité Científico, como paso previo a que sea trasladada a los miembros del Comité de Flora y Fauna. Una vez que se tome en consideración la documentación presentada, será el propio Comité Científico el que resuelva si se modifica o no el contenido de su dictamen, para abordarlo y que sea tratado en una nueva reunión.

La decisión del ministerio llegó solo un día después de que cientos de cazadores, directivos y representantes de las federaciones de caza de todo el país se concentraran en los accesos al departamento, para reclamar que no se llevara a cabo la prohibición de la caza de la codorniz. Igualmente, el colectivo cinegético exigió la dimisión de la ministra Teresa Ribera, debido a las políticas anticaza que lleva desarrollando durante los últimos años y cuyo propósito es asfixiar al sector y despreciar la actividad que desarrollan los cazadores en la naturaleza.

El presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, salió a la palestra una vez conocido el aplazamiento de la votación, y aseguro que “tal y como dijimos alto y claro a las puertas del ministerio, la marea naranja no se va a detener y va a salir siempre en defensa de la labor cinegética”. “Hemos conseguido -añadió- detener el intento de prohibir la caza de la codorniz, pero debemos mantenernos en alerta para continuar protegiendo nuestros derechos, ya que sabemos que la ministra Ribera lo volverá a intentar y hará todo lo posible por sacar adelante esta nueva medida anticaza”.

El sector cinegético llevaba tratando de paralizar esta votación desde que se tuvo conocimiento de que la propuesta para prohibir la caza de la codorniz había surgido de una petición de SEO/BirdLife para declarar la especie en peligro de extinción. Una vez desvelado ese movimiento del grupo autodenominado ecologista, los cazadores comenzaron a movilizarse a través de las federaciones autonómicas, haciendo llegar a los gobiernos de las comunidades autónomas la información necesaria para que pudieran tomar su decisión teniendo en cuenta todos los datos. Del mismo modo, aclararon a las autonomías las graves consecuencias que implicaría la prohibición de la gestión cinegética de la codorniz, no ya a nivel económico o social, sino, incluso, para la propia especie.

Igualmente, se advirtió a los gobiernos autonómicos de que la propuesta para votar si se incluía o no la codorniz en la lista de especies en peligro de extinción no contaba con informes científicos que la avalaran. De hecho, los datos (sí recogidos y analizados en base a un método científico) del proyecto Coturnix contradecían la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que nunca había tenido en cuenta las opiniones y valoraciones ni del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ni del sector cinegético, ni de la comunidad científica. Una vez más, se demostraba que, tan solo siguiendo las directrices de los grupos supuestamente ecologistas, se trataba de una decisión ideológica que nada tenía que ver con los criterios técnicos o científicos que habían estado estudiando durante los últimos años la evolución de las poblaciones de codornices en España.

NUEVA MOVILIZACIÓN La paralización de la votación fue posible gracias a la nueva movilización del colectivo cinegético, que recogió el testigo de la gran manifestación celebrada en Madrid el pasado 20 de marzo. Sus convocantes recordaron a la ministra Ribera que este último ataque a la actividad de los cazadores se sumaba a la prohibición de controles poblacionales a partir de acciones cinegéticas en los parques nacionales, a la reciente inclusión del lobo ibérico dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), o a la prohibición de la caza sostenible de la tórtola europea.

Por otra parte, también se protestó frente al ministerio por la indefensión que sufre el sector con la deficiente defensa en Europa, donde progresan las prohibiciones, ya sea del uso del plomo, como del silvestrismo o de la caza de diferentes especies migratorias; además de por la aplicación de la Agenda 2030, que propugna un modelo de conservación basado fundamentalmente en la limitación de los usos tradicionales del mundo rural y, por tanto, que lo que aboca a su desaparición.