El pasado jueves, el Parlamento de Navarra aprobó una modificación de la Ley Foral 19/2019, del 4 de abril, de Protección de los Animales de Compañía en Navarra. Este resultado, que cabe en una sola línea, lleva aparejado, sin embargo, un enorme esfuerzo y trabajo realizado por la Federación Navarra de Caza (FNC), que durante meses ha publicado estudios sobre el impacto económico de las medidas de esta ley, se ha reunido con las fuerzas políticas del arco parlamentario, ha presentado informes técnicos y jurídicos, se ha manifestado para reclamar que no se le dé la espalda al colectivo y ha explicado a todos los actores implicados la inconsistencia de una normativa que era totalmente contraria a la naturaleza de la actividad cinegética. El resultado, ahora sí, no cabe en una frase, sino que conlleva haber conseguido que el Legislativo navarro tome en consideración la voz del sector cinegético y su relevante función en la sostenibilidad del mundo rural y en la conservación del medioambiente.

Después de citarse con las formaciones políticas para exponerles la situación, la entidad que representa a los cazadores en la Comunidad foral logró que el pleno del Parlamento aprobara las modificaciones propuestas con los votos a favor de Navarra Suma y el PSN, además de Geroa Bai, que apoyó cuatro de las cinco enmiendas, mientras que, en la otra, se abstuvo. En la votación, EH Bildu, Podemos Ahal-Dugu e I-E se mostraron contrarios a las solicitudes de la FNC. Como consecuencia de los apoyos obtenidos, la citada ley no tendrá en cuenta en su aplicación ni a la actividad cinegética ni a los animales auxiliares o con una función social o deportiva.

“Es un enorme éxito, que viene a reconocer la formidable labor que hemos sacado adelante entre todos en la federación, con veterinarios, ingenieros, abogados, los propios cazadores... Todos remando en el mismo sentido y aportando lo mejor de sí mismos para propiciar una modificación de la normativa que era muy necesaria para todo el colectivo”. Son palabras del presidente de la FNC, José Ángel Remírez, que agradece también la sensibilidad mostrada por los parlamentarios que han secundado los cambios propuestos, al comprender dos realidades incontestables: la incompatibilidad de algunos de los contenidos de esta norma con la esencialidad de la caza, y la relevancia de la actividad cinegética en múltiples ámbitos, desde la reducción de los daños agrícolas, al freno a la expansión de enfermedades animales, pasando por el sostén a la economía rural o el control para una correcta evolución y supervivencia de los hábitats naturales.

Gracias a haberse aprobado la modificación de la ley, se ha ajustado el contenido de diversos artículos, en los que, a partir de ahora, se exime de cumplimiento de la normativa a los animales empleados en la actividad cinegética. A su vez, se sacó a los perros y hurones de caza de la obligación de ser sometidos a cualquier método de control con el que evitar su reproducción incontrolada. Es decir, que no se les deberá esterilizar. En resumen, además de lo citado, se permite ya el adiestramiento de los animales auxiliares en la caza conforme a las necesidades propias de la actividad venatoria y se evita las limitaciones a las grabaciones de acciones cinegéticas regladas.

A pesar del triunfo obtenido en la Cámara navarra, todavía queda un punto por el que luchar: la imposición a los propietarios de hurones de caza para que identifiquen mediante un chip a estos animales. Aunque también esta propuesta estaba incluida en las reclamaciones de los cazadores, el Parlamento no aprobó su modificación, una decisión que tendrá consecuencias muy negativas en el control de especies con problemas de sobreabundancia, como el conejo silvestre. Debido al elevado coste de implantar estos chips, y como ya avanzó la FNC en un reciente estudio científico, esta situación implicará un aumento de las poblaciones de conejos y, como consecuencia, mayores daños en la agricultura. Por otro lado, el colectivo cinegético no concibe cómo una normativa que trata de proteger a los animales obligue a someter a los hurones a una intervención que requiere de su sedación, en lugar de optar por otras medidas menos traumáticas.

Lo que sí ha quedado patente es que el esfuerzo llevado a cabo por la federación ha dado sus frutos y, más aún, que supone sentar un precedente y constituir una vía abierta para la modificación de normativas similares en otras regiones de España. No solo eso, sino que también se abre la puerta a que, en los proyectos de la legislación nacional que afectan a los animales empleados en la actividad cinegética, se continúe por el camino iniciado en Navarra, en beneficio de los cazadores y, en definitiva, de toda la sociedad.