Tras finalizar el periodo de reflexión y el análisis de viabilidad, el Patronato del Guggenheim Bilbao acordó el martes paralizar la ampliación en Urdaibai. Las trabas administrativas y judiciales han conseguido que no pueda seguir adelante.
“Ha sido una decisión difícil, pero responsable”, aseguraba la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quien admitió que habían tenido que desistir por las dificultades e incertidumbres que rodeaban a este proyecto.
El Guggenheim Urdaibai contemplaba una doble sede en Gernika, en la antigua cubertera Dalia, y otra en Murueta, en los astilleros todavía operativos, que iban a quedar unidas por una senda verde. El objetivo era que sirviera como efecto transformador para la comarca, como lo fue en su momento el museo diseñado por el recientemente fallecido Frank Gehry en Bilbao. ¿Pero cuáles han sido esas dificultades técnicas que han hecho que el Guggenheim Urdaibaia sea inviable?
Una memoria realizada conjuntamente por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Guggenheim Bilbao, recoge el desarrollo del proyecto desde sus inicios hasta la actualidad y las dificultades a las que se han tenido que enfrentar. Estas son algunas de las fundamentales que han llevado al Patronato del Guggenheim a descartar el proyecto.
Jurídicas
Las principales trabas jurídicas con las que se han encontrado tienen, según se destaca en el documento, un triple origen. En primer lugar, las derivadas de la legislación de costas “puesto que el emplazamiento elegido para la ubicación del museo –la ribera izquierda de la ría de Gernika– plantea dificultades en tres ámbitos: la extensión que en este caso tiene la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre; su posible utilización para instalaciones y actividades distintas a aquellas que, por su naturaleza no pueden tener otra ubicación; y el estado en el que se encuentra la concesión que en su día se otorgó a Astilleros de Murueta SA con destino a la construcción de buques”.
En segundo lugar, las asociadas con la legislación medioambiental, “dado que el lugar elegido se ubica en un espacio intensamente protegido, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en la que resulta de aplicación una densa normativa que impone fuertes restricciones a la intervención humana, por su fauna, su flora y su proximidad a las marismas”.
Y, en tercer lugar, las relacionadas con la tramitación de planeamiento territorial y urbanístico, que requieren la materialización de un proyecto que afecta a varios municipios y a un Plan Territorial Parcial.
“Durante los últimos años, estas dificultades han ido manifestándose de un modo cada vez más patente –en consonancia, casi siempre, con los pasos que se iban dando por parte de las instituciones para poner en práctica la idea– y poniendo de manifiesto un conjunto de factores adversos que aconsejan reconsiderar el impuso inicial”, se expone en la memoria.
Legislación de costas
El proyecto exigía un sinfín de cambios urbanísticos y administrativos para seguir adelante con el planteamiento de dos sedes. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó la reducción de la zona de protección de la Ley de costas, pasando de 100 a 20 metros en Murueta, donde se encuentra un astillero aún en funcionamiento. Pero Enaden Begiak, Zain Dezagun Urdaibai y Greenpeace España, que se oponen al proyecto, recurrieron este cambio. “Si como parece probable, las sentencias que dicte la Audiencia Nacional en estos tres procesos son recurridas ante el Tribunal Supremo, y este admite los recursos, el panorama judicial en este punto no quedaría clarificado antes de 2028-2029”, se especifica en el informe.
Además, está la incertidumbre que plantea una hipotética adquisición del suelo que ocupa Astilleros Murueta. Según se explica en la memoria, la concesión original, otorgada en 1943, caducó el 29 de julio de 2018. “Como la sociedad mercantil no hizo uso de la facultad reconocida en la Ley 2/2013, el título de ocupación concedido en su día podría considerarse extinguido. Frente a ello, Astilleros de Murueta S.A, que cuenta con 84 trabajadores, sigue desarrollando su actividad y ha cerrado nuevos contratos que extienden su horizonte de trabajo, al menos, hasta el año 2027. La sociedad mercantil podría solicitar una nueva concesión conforme a la legislación vigente, teniendo en cuenta que desarrolla una actividad, la construcción de buques, que, por definición, solo se puede llevar a cabo en la zona marítimo-terrestre”.
Legislación ambiental
Para la construcción del museo en ese ámbito, se requeriría, además de aprobar los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, superar las evaluaciones de impacto ambiental de los planes y proyectos que se elaboren, y autorización del Patronato de la reserva de la Biosfera (en lo que concierne a la parte que exceda de suelo urbano) así como la autorización y concesión a otorgar por el Ministerio.
Además, serían actuaciones que solo serían posibles sobre suelo de titularidad pública, lo que a fecha de hoy no ocurre.
Plan territorial
Los instrumentos de planeamiento que habría que aprobar o modificar pasan por el Plan Territorial Parcial Gernika-Markina (Busturialdea-Urdaibai). Hasta la fecha, se han realizado los trámites de acuerdo de inicio, elaboración del documento e inicio de la tramitación ambiental. “Su aprobación definitiva se prolongaría, cuando menos, hasta 2029. Además, se podría interponer recurso contencioso administrativo ante el TSJPV y después recurso de casación ante el Tribunal Supremo (6 años). El escenario judicial no se clarificaría, por tanto, hasta 2035”.
El Plan General de Ordenación Urbana de Murueta se encuentra en una fase todavía incipiente de tramitación y a él corresponde determinar la clasificación y la calificación de los terrenos donde se asienta el Astillero.
“Si se mantiene la actual clasificación de suelo urbano industrial, que data, cuando menos, de 1956, es más que probable que sea impugnada en vía judicial, por parte de quienes ya han judicializado el hecho de que la concesión no se haya declarado extinguida. Sin concesión, no sería posible el astillero, cuya existencia fue sin duda la que, en su día, justificó la clasificación otorgada. Si por el contrario se clasifica el suelo como no urbanizable, los que previsiblemente recurrirán serán los propietarios de Astilleros Murueta. El modo en el que se resolviese el dilema condiciona la viabilidad jurídica del museo.
Si finalmente fuera necesario la tramitación del Plan Especial Supramunicipal, requeriría entre 6 y 8 años, a los que habría que añadir otros 6 para el supuesto de que, una vez aprobado, fuera objeto de recursos.
Además de la clasificación de suelo, resultaría igualmente problemática su “calificación”. Para que fuera lícita la construcción de un museo, debería pasar de industrial a equipamiento cultural. “Algo difícil en este caso, dado que su ubicación puede justificarse en el caso de un astillero que, por definición, debe situarse en la zona marítimo-terrestre; más complicada parece la justificación de un equipamiento cultural”.
Si el plan fuera impugnado por vÍa judicial, se retrasaría la clarificación del escenario hasta aproximadamente 2040.
No sin la sede en Murueta
El informe concluye que “dadas las dificultades señaladas en relación a la parcela de Murueta, se estima que limitar la ampliación del Guggenheim únicamente al espacio urbano de Gernika supondría perder la diferenciación estratégica que el proyecto pretendía creando un museo que trascendiera el continente físico y se convirtiera en experiencia a través de la senda natural que conectaba ambos espacios y que ofrecería una experiencia más lenta, contemplativa e inclusiva, en la que toda propuesta artística se encontraría en diálogo con los procesos ambientales de dicho enclave”.
“Y, precisamente, este era uno de los activos y elementos diferenciadores del proyecto. Además, se limitaría el alcance internacional y la capacidad de innovación del museo, que solo puede materializarse si el proyecto mantiene su vocación de integración territorial y ecológica”, concluye la memoria.
Más allá del no a la ampliación del Guggenheim, está para la Diputación y para el Gobierno Vasco el desarrollo de la comarca. “Y por eso nos comprometemos con ese desarrollo sostenible, habrá proyectos que den respuesta a las inquietudes manifestadas”, han explicado desde las instituciones vascas.