Los anteriores administradores de RTVE del anterior equipo de Gobierno a las órdenes del PP, se negaban a que se supiera la cuantía de sus sueldos aduciendo que sus puestos de trabajo pertenecían a una sociedad mercantil y que como tal se acogían a la ley que prohibe la difusión pública de esos datos (LOPD). Pero el pasado 24 de septiembre una sentencia aseguró lo contrario y afirmó: “La solicitud de información referida a la retribución anual bruta percibida en 2014 y 2015 por el personal directivo de la CRTVE es una información” y por lo tanto puede hacerse pública por los medios de comunicación. Estos emolumentos que con tanto descaro ocultaban, para nada estaban protegida por la ley. El mismo tribunal dice que para “alcanzar un sistema que garantice la transparencia y la objetividad en el ámbito público, procede dar a conocer esas retribuciones”. La sentencia que es recurrible se condena a RTVE a pagar las costas del juicio aunque parece que los actuales dirigentes no están por la labor de recurrirla. Al fin y al cabo el recurso correría, como todo lo que tiene que ver con el ente, a cargo de los presupuestos generales del estado. Desde fuera parece como que hubieran tenido que abandonar la nave para que se supiera el sueldo desorbitado de estos funcionarios que juegan con su flema como si fueran altos directivos de una cadena privada. Pero no. Muchas cosas tienen que cambiar para hacer de la televisión pública algo más que pesebre donde se reparta la pasta entre los que palmean y barren para el partido de turno. En este caso, el mérito de esta iniciativa judicial hay que dárselo al sindicato CCOO que no ha cesado en el empeño de que este asunto de los sueldazos salga a la luz. Lo preocupante es contar con directivos de organismos públicos que intenten camuflar sus privilegios y durante mucho tiempo encima lo consigan. Lo que sí están tardando los actuales mandatarios es en hacerlos públicos ya.