ELA criticó ayer el "sistema corrupto e ilegal" de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) y exigió que "se desmonte", después de que el Tribunal Supremo haya anulado la obligatoriedad de esta tarjeta para poder trabajar en el sector. El sindicato mostró su "satisfacción" por la decisión del Tribunal Supremo, después de que el sindicato recurriera judicialmente el 4º Convenio Colectivo General de Construcción de ámbito estatal, solicitando, entre otros puntos, la nulidad de la obligatoriedad de la TPC. ELA criticó que la tramitación de la tarjeta, realizada por la Fundación Laboral de la Construcción, ha recibido financiación del Gobierno de España. Según ELA, esta fundación es "privada bipartita", de la que forman parte la patronal del sector de la construcción y los sindicatos CCOO y UGT.
