El recorte de Zapatero aboca a los próximos jubilados a trabajar más y cobrar menos
pamplona. Los partidos han sentado este mes las bases de la tercera reforma del sistema de pensiones del Estado en la Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. Sin consenso y sin acuerdo en lo más sustancial, la edad de jubilación, los grupos han redactado un informe de recomendaciones que el Gobierno central utilizará en la elaboración del Proyecto de Ley que presentará a finales de enero.
Las próximas generaciones que se jubilen tendrán que trabajar más años y cobrarán menos pensión. En el trasfondo del complejo proceso de reforma, trufado de globos sondas y planteamientos que han entrado y salido de escena en función de la oposición que generaban, está el objetivo es reducir el gasto público en pensiones. La única forma de hacerlo es recortando los sueldos de los jubilados y el retoque en el mecanismo de cálculo de la pensiones será uno de los principales instrumentos. Y eso a pesar de que las recomendaciones del Pacto de Toledo al Gobierno apuntan hacia una reforma integral, más allá de las medidas que permiten al Estado ajustar sus gastos, y los expertos recomiendan abordar la modificación con mayor perspectiva, fuera del contexto de la crisis. Un sistema de pensiones saludable debe estar siempre al margen de las coyunturas económicas negativas, como lo está cuando el ciclo es positivo. A nadie se le pasó por la cabeza subir las pensiones por encima del IPC durante el boom del ladrillo de mediados de la década pasado y ahora, en cambio, el Ejecutivo socialista se ha visto obligado a hacer todo lo contrario para suavizar la presión de los mercados y la Comisión Europea.
En esa compleja tesitura no ha habido acuerdos de calado en el Pacto de Toledo. Más bien todo lo contrario, por primera vez en la historia de la democracia se va a legislar sobre pensiones sin consenso.
cálculo de la pensión
Acuerdo limitado que deja la decisión en manos de Zapatero
De esta forma, los partidos -con el voto contrario de la izquierda- han recomendado al Ejecutivo que aumente el tiempo de cotización sobre el que se calcula la pensión, situado en la actualidad en los quince años, pero no han sido capaces de cerrar un periodo concreto o han preferido no significarse en la materia que más influirá en el recorte de las pensiones en el futuro.
Todo apunta a que se tomarán en cuenta los últimos veinte años. Sin llegar nunca a descartar los 25 años. No se conocerá la cuantía del recorte de la pensión hasta que se despeje esa incógnita del periodo de cálculo.
Será el Gobierno el encargado de decidir el periodo de cálculo final. En principio está dispuesto a negociar con sindicatos y empresarios la cifra en un escenario de diálogo en el que, desde el punto de vista de sindical, genera mucha tensión la propuesta de aumentar hasta los 67 años la edad legal de jubilación.
edad de jubilación
El punto de mayor tensión, sin incidencia en la cuantía
El aumento de la edad de jubilación ha sido el punto de mayor controversia entre los partidos. El propio pliego de recomendaciones del Pacto de Toledo recoge expresamente en un hecho sin precedentes que no ha habido acuerdo en esa cuestión.
En esa materia, el Gobierno ha estado atado por la necesidad de enviar mensajes contundentes a los inversores que han desestabilizado la deuda española. Casi todos los países europeos han aumentado su edad de jubilación, es el gesto de ahorro que mejor se visualiza y Madrid no ha querido renunciar a ello.
El PP se ha mostrado inflexible en la cuestión negándose a firmar un texto que no recomendara explícitamente que la fecha legal de retirada se mantenía en los 65 años. De hecho, todos los partidos han coincidido en la necesidad de lograr que esa edad sea la efectiva de retirada, porque en realidad la edad media de jubilación se sitúa en torno a los 63 años. El PNV, por ejemplo, ha apostado por flexibilizar el límite teniendo en cuenta aspectos como el tiempo de cotización efectiva.
Y en esa línea existe un consenso básico en la necesidad de que las carreras laborales largas, con los 35 años cotizados como referencia, tengan margen para retirarse antes y que existan mecanismos que bonifiquen la pensión de aquellos que decidan llegar a la nueva edad legal, 67 años con total seguridad.
Trabajar más allá de los 65 no supone una merma de la pensión. La filosofía de la medida es reducir el gasto del Estado: el jubilado cotiza -ingresa en las arcas públicas- dos años más y además cobra dos años menos la pensión.
colectivos desfavorecidos
Atención especial a los jóvenes y a las amas de casa
Los partidos de la oposición han intentado aprovechar las urgencias del Gobierno por reformar las pensiones para establecer mecanismos que garanticen la jubilación de los colectivos más desfavorecidos por el actual desplome del empleo. La precariedad laboral de los jóvenes ha sido motivo de preocupación para el Pacto de Toledo y se ha propuesto que se activen incentivos para garantizar carreras de cotización cercanas a los 35 años, el límite que garantiza el cobro del cien por cien de la pensión. Así, se reclama, entre otras cuestiones, que los becarios de posgrado coticen.
La petición es similar para las mujeres que se toman un descanso en su vidalaboral para atender a la familia. Se recomienda en ese caso que esos periodos sean tenidos en cuenta como cotizados a la vez que conlleven incentivos fiscales.
alternativas
Impulso a los planes de pensiones de las empresas
El debate de las pensiones incide históricamente en la necesidad de compatibilizar el sistema público con los planes de pensiones privados. En esa línea, el Pacto de Toledo recomienda impulsar los planes de pensiones de empresas establecidos en la negociación colectiva. En esa línea recomienda bonificaciones fiscales para las empresas y a los agentes sociales que los incluyan en el diálogo de los centros de trabajo. Además, propone planes específicos para autónomos que les permita recuperar la inversión sin penalizaciones en caso de cese de actividad o de pérdidas en los negocios. El Gobierno abrirá tras las Navidades una negociación con los agentes sociales e intentará encontrar apoyos parlamentarios para la reforma. El margen en ambos frentes es muy reducido.
Mientras, las direcciones de CCOO y UGT mantendrán el miércoles una reunión para preparar el terreno de una eventual huelga general, a la espera de que la Comisión del Pacto de Toledo apruebe ese mismo día la redacción definitiva de sus recomendaciones para la reforma de las pensiones. La huelga podría convocarse el 26 de enero, dos días antes de que el Gobierno apruebe la reforma de las pensiones.
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