madrid. La Cámara de Comercio de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) se sumarán como acusación particular al proceso penal que se inicie contra los controladores aéreos y estudian pedir el embargo de los bienes de estos profesionales para enfrentar las pérdidas de hasta 20 millones de euros en la Comunidad de Madrid.
Así lo anunció el presidente de la Cámara y de CEIM, Arturo Fernández, durante una rueda de prensa con los presidentes de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM); la Confederación de Empresas de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicio de la Comunidad de Madrid (CECOMA); y la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM).
Estas entidades, cuya defensa será representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, se sumarán a la Agrupación de Demandantes Afectados por el Espacio Aéreo y al proceso judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, sobre el que han recaído las denuncias, para solicitar la práctica de diligencias y pruebas.
El responsable del despacho, Javier Cremades, apuntó que los empresarios se podrían sumar a la petición de la Fiscalía de embargar de forma preventiva los bienes de los controladores para asegurar las posibles responsabilidades civiles que se deriven del proceso penal.
En este sentido, Cremades explicó que los empresarios de manera individual deberán reclamar por el dinero que dejaron de facturar con motivo de la huelga de controladores durante el Puente de la Constitución.
Por el momento, el despacho remitió a la Cámara y a la CEIM un dictamen jurídico que analiza las posibles vías de reclamación por el cierre del espacio aéreo.
Por su parte, CEIM puso a disposición de los empresarios un servicio de orientación jurídica para que conozcan las vías de reclamar esa compensación por el lucro cesante por la actividad económica que no realizaron.
