madrid. Manuel Fernández de Sousa, presidente de Pescanova, presentó ayer su dimisión al consejo de administración de la compañía, que aceptó por unanimidad. Su renuncia se produce tras conocerse el informe KPMG -que determina la situación de la pesquera estata- y que recoge que la directiva del Grupo Pescanova realizó ajustes contables para no registrar pérdidas superiores al millón de euros durante 2010 y 2012 y de más de cuatro millones anteriores a 2010. Respecto a los beneficios, declaró más 36 millones de euros en 2010 y 56 en 2011.
De esta forma, la dirección se sirvió de toda una red instrumental de sociedades cuya finalidad era la emisión de facturas carentes de realidad mercantil, para así poder descontar efectos. Asimismo, Pescanova obtuvo financiación bancaria a través de operaciones de créditos documentarios mediante sociedades del Grupo sin que detrás existiera una operativa real de importación- exportación de mercancía, y, por tanto, tampoco documentación de embarque y aduana que fuera aportada a las entidades financieras, según el informe.
nueva etapa Sousa había permanecido al frente de la entidad durante 37 años y actualmente se encuentra sin poderes ejecutivos ni patrimoniales por orden judicial y está pendiente de ser llamado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, tras ser imputado por varios delitos. En una reunión celebrada ayer en la sede de la multinacional pesquera, se acordó la convocatoria de la junta de accionistas para el próximo 12 de septiembre en primera convocatoria, donde estaría previsto que dimitieran los miembros del consejo de administración en bloque. A día de hoy, Pescanova se encuentra en concurso de acreedores con una deuda financiera neta de 3.281 millones y cuyo agujero patrimonial supera los 927 millones de euros.
