Caja Navarra gastó al menos 8,3 millones en dietas entre 2002 y 2012

pamplona - Caja Navarra gastó al menos 8.3 millones de euros en abonar dietas a sus consejeros entre 2002 y 2012, el tiempo en que fue dirigida por Enrique Goñi. Esta cifra, obtenida de las memorias y las cantidades facilitadas por la propia entidad, se fue incrementando con los años, benefició fundamentalmente a un grupo no superior a 25 personas e incluye tanto los pagos al consejo de administración y a la comisión de control, como a las distintas comisiones internas (auditoría, retribuciones) y al consejo general.

Incluye solamente las sesiones informativas celebradas a partir de 2007, año a partir del cual la entidad ha presentado documentación detallada. Por escuchar estas charlas, Caja Navarra pagó a sus consejeros casi 1,4 millones de euros entre 2007 y 2012 y una cifra indeterminada entre 2002 y 2006. Por ello, la cantidad finalmente abonada en dietas a políticos sobre todo de UPN y PSN, representantes de UGT, CCOO y CEN y profesionales de distintos ámbitos podría acercarse en total a los nueve millones de euros.

Estas sesiones informativas constaban de una conferencia a cargo de un ponente ante los miembros del consejo de administración y de la comisión de control, que cobraban por acudir entre 755 y 2.606 euros. Solían celebrarse una vez al mes, excepto durante los periodos vacacionales, y permitían a los consejeros ingresar hasta 17.192 euros en un año. Yolanda Barcina, actual presidenta del Gobierno, percibió esta cantidad en el año 2010, la más elevada por este concepto de entre todos los consejeros.

entre 25, en torno al 70% Los más de 8,3 millones de euros repartidos en apenas una década engrosaron además los bolsillos de un número relativamente limitado de personas. Así, durante más de una década, apenas 25 personas -entre ellas la cúpula de UPN y del Gobierno, destacados dirigentes socialistas, diversos directivos de la Confederación de Empresarios de Navarra- y algunos consejeros elegidos a dedo por el propio Miguel Sanz percibieron al menos el 70% de esta cantidad. A esta lista de consejeros hay que unir a los miembros del Gobierno de Navarra presentes hasta 2004 y a otros consejeros que, por distintivo motivo, únicamente permanecieron un mandado de cuatro años.

Caja Navarra acometió en 2004 una reforma estatutaria que abrió su consejo general -la asamblea de otras entidades en una versión más reducida y controlable- a distintos grupos de interés. Fue el momento en que entraron representantes de UGT y CCOO, de la patronal y algunos directivos de prestigio, entre ellos el director general de Volkswagen Navarra en aquellos años (José Luis Erro) o el presidente de Panasa (José León Taberna). En 2010 se reforman de nuevo los estatutos y se presenta la iniciativa como una despolitización de los órganos de gobierno. Esto supone la salida de la mayor parte de los cargos públicos (se mantiene, por ejemplo, Juan Luis Sánchez de Muniáin), pero la creación también de la Junta de Entidades Fundadoras, que les grantiza la misma retribución sin un cometido muy claro. En el caso de Miguel Sanz, hasta los 75 años.

Los datos ilustran el modo de funcionar de la entidad en un periodo en que los cargos políticos, los bancos y las cajas no habían sido puestos bajo la lupa de la opinión pública como en la actualidad. Así, con menores obligaciones de transparencia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las cajas ofrecían información habitualmente incompleta, con las retribuciones sin indivualizar y obviando algunos conceptos que incrementaban de modo sensible la cantidad final.

En el caso de Caja Navarra, la entidad comienza a publicar de modo individualizado los pagos a partir del año 2004. Así, Can había pasado de pagar 496.000 euros a sus consejeros en 2002 -incluyendo el salario del representante de los trabajadores- a abonar 724.000 euros en 2004, año de la primera reforma estatutaria. Esta cantidad oficial cae de modo sensible en 2005 y 2006 (hasta unos 480.000 euros), si bien la entidad precisa en sus informes de gobierno corporativo que solo refiere lo abonado en concepto de “dietas por asistencia”. La dieta por cargo (en torno al 50%) quedaba por tanto fuera de esa información. Por ello, a partir de 2007, cuando la entidad ha debido presentar la documentación real ante los tribunales tras las denuncias de Kontuz! y UPyD, la cifra reconocida se ha disparado.