pamplona - El Consejo de Navarra ha emitido un informe no vinculante sobre la modificación del Decreto Foral 215/1985 que introduce una nueva fórmula de asignación de jefaturas de sección y negociado en la Administración. Las conclusiones del estudio señalan que “el artículo 17 bis, en sus apartados 3, 4, 6 y 7, y el 19.3 contravienen el ordenamiento jurídico; y que el 15.3 podría no ajustarse a la legalidad de acuerdo a la actual redacción”, informaron ayer desde UGT.

El año pasado, el documento fue negociado con los sindicatos para intentar acordarlo, pero finalmente contó con el visto bueno de LAB y la oposición de ELA, CCOO y UGT. La redacción del proyecto se remitió al Consejo de Navarra para su análisis antes de su aprobación.

las alternativas La Mesa General de Función Pública se reunió ayer y durante los ruegos y preguntas, el Ejecutivo entregó el informe del Consejo de Navarra a las centrales sindicales. La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, comunicó a los representantes de los trabajadores que había tres alternativas para afrontar esta situación, según contaron las diferentes fuentes sindicales consultadas tras concluir el encuentro: volver a la situación anterior a la propuesta de modificación de este decreto; cambiar los puntos discordantes o hacer caso omiso a esas advertencias. Función Pública propuso a los sindicatos que emitieran su opinión sobre el dictamen en el plazo de una semana -hasta el próximo lunes 27 de marzo-.

El nuevo decreto, redactado por Función Pública y revisado por el Consejo de Navarra, establece que la plantilla participe en la elección de las personas que van a optar a jefaturas para un periodo de seis años. De esta manera, cada aspirante debe elaborar un plan de actuación por el que puede lograr un máximo de 60 puntos: 40 de ellos los otorga el tribunal evaluador y los otros 20, los empleados. La persona candidata debe conseguir un mínimo de 30 puntos para aprobar el plan, de los que 20 los adjudica el tribunal y diez, la plantilla. Además, dicho decreto establece que el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) no solo interviene en la evaluación inicial de candidatos y candidatas sino también en el posterior examen periódico de desempeño del trabajo. Y es que una vez asignadas las jefaturas, estas deben ser analizadas en el primer año y en el tercero por medio de cuestionarios elaborados por técnicos del INAP, a través de los cuales la plantilla los examina. El Gobierno de Navarra calculaba que entre 2017 y 2018, un total de 900 jefaturas se iban a asignar mediante evaluación y méritos.

las valoraciones Aunque los cuatro sindicatos indicaron ayer que tienen que estudiar con detenimiento el informe del Consejo de Navarra, realizaron sus primeras valoraciones. LAB rechazó que “el documento hiciera tantas referencias al Estatuto de Función Pública Estatal” e insistió en que harán un estudio minucioso del dictamen. Desde ELA repitieron que “es esencial elaborar un mapa de jefaturas para saber cuántos nombramientos se deben llevar a cabo”, una propuesta que ya demandaron antes y lo siguen haciendo ahora. Aunque remarcaron que apoyan la asignación de mandos con la participación de la plantilla.

Desde CCOO manifestaron que van a solicitar a Función Pública “que se corrija aquello que el informe dice que no es correcto”. Y desde UGT recordaron que siempre se han opuesto “a la fórmula de provisión de jefaturas que establece dicha norma” y que “en términos generales parece que el Consejo de Navarra” les da “la razón”. Tanto CCOO como UGT coincidieron en demandar “que se aplique el actual decreto foral, aprobado por la mayoría sindical, para provisionar dichas jefaturas, en lugar de realizar las designaciones a dedo como se sigue haciendo ahora”.