Un viacrucis panameño

Más de cuatro décadas de historia empresarial penden estas semanas de un hilo muy frágil, que conecta Pamplona con Ciudad de Panamá. Hasta allí, a casi 8.500 kilómetros de distancia y once horas de avión, viajó hace más de dos años Construcciones Zubillaga, una pequeña empresa especializada en la restauración de edificios antiguos para intentar adjudicarse la reforma de la catedral panameña. Aquel concurso, la primera experiencia internacional de la firma navarra y una oportunidad de crecimiento, se ha convertido hoy en una losa que los gestores de la empresa tratan aún de levantar.

No parece sencillo. Los 23 trabajadores de la firma no cobran sus salarios desde el mes de abril y han dado visibilidad a un problema que amenaza con tumbar a Zubillaga, que atribuye el problema a los impagos del grupo Ortiz. La firma navarra reclama 588.000 euros a Ortiz Construcciones y Proyectos SA, su socio en el Consorcio La Antigua, creado en 2015 para acometer un proyecto valorado en más de 12 millones de euros y en el que cada empresa aportaba un valor. Ortiz, con una facturación cercana a los 400 millones de euros, debía aportar las garantías financieras necesarias. Zubillaga, el saber hacer. “Entre las condiciones que se exigían en el proyecto, estaba la de haber restaurado al menos dos catedrales y nosotros ya habíamos hecho la de Pamplona y la de Tudela”, explica Judit Zubillaga, gerente de la empresa.

De este modo, el consorcio se hizo con una obra que ya nació torcida. A las pocas semanas de echar a andar, el arquitecto pamplonés Joaquín González Miranda, que había desarrollado el proyecto y había puesto en contacto a ambas empresas, fue despedido por Ortiz. Una decisión, tumbada posteriormente por los tribunales, que no fue comunicada hasta que Zubillaga hubo enviado los contenedores de material que todavía hoy se encuentran en Panamá. Era marzo de 2016. “Enviamos más de 4.000 metros cuadrados de andamios, dos retroexcavadoras, una carretilla, herramientas en abundancia y otros materiales”, explica Judit Zubillaga, quien recuerda que el jefe de obra, perteneciente a la plantilla de Ortiz les reclamaba andamios para colocar en las dos torres al mismo tiempo. “Algo que puede quedar bonito en la foto, pero que desde el punto de vista económico y productivo no tenía ningún sentido”.

El verdadero problema llegó, sin embargo, cuando Zubillaga reclamó a Ortiz el pago de la primera factura, de unos 243.000 dólares, correspondiente al 10% de anticipo del total que debía facturar la firma navarra: 2.431.000 dólares. “Ellos ya han cobrado su parte y a nosotros solo nos han pagado unos 97.000 euros”, explica Zubillaga, quien con el paso de los meses fue conociendo a sus socios. “Hubo un momento en que nos requirieron un aval bancario para pagarnos y cuando ya parecía que nos lo iban a conceder, desde la entidad financiera nos lo negaron”. La razón argumentada era clara: el grupo Ortiz aparecía vinculado en distintas informaciones en algunas de las principales tramas de corrupción de España: desde el caso Gürtel hasta Púnica.

Sin el arquitecto que había dado forma al proyecto y con un socio mucho más grande y con demasiadas sombras, los contenedores con el material de Zubillaga llegaron a Panamá en marzo de 2016. Tres meses más tarde, el consorcio aún no había conseguido los permisos de obra necesarios y la actividad se frena definitivamente en junio de ese año. “Habíamos desplazado cuatro personas allí y no podíamos tenerlos sin hacer nada, así que decidimos hacerlos regresar cuando nos dijeron que iban a tardar al menos tres semanas en volver a empezar. A los pocos días nos llaman y nos dicen que empiezan inmediatamente a trabajar”, dice Judit Zubillaga.

Sin solución

A la corte de arbitraje

El personal de Zubillaga había quedado así fuera de la obra, con su material desplazado y en una posición de liquidez muy deteriorada. Ortiz, por su parte, achaca a Zubillaga falta de capacidad y experiencia internacional para hacer frente a un proyecto de tanta envergadura, y decide recurrir a la corte de arbitraje para dirimir el pago de la factura de 243.000 euros. Y argumenta que es Zubillaga quien le adeuda dinero. “A nosotros ya no nos dejan ni entrar en la obra, de hecho solicitaron que Panamá nos deje fuera”, explica la gerente, quien apunta a estos impagos como la causa de las dificultades de la empresa. “Entre los costes directos y el material que hemos desplazado, hay casi 1,2 millones de euros de Zubillaga en esta obra”, añade.

“Tenemos contratos para seguir, pero necesitamos liquidez”, explica Raimundo Zubillaga, fundador junto a otros socios de la empresa en 1974 y que ha visitado el país centroamericano ya “siete veces”. La falta de liquidez se ha traducido en el impago de las nóminas de la plantilla, compuesta por 23 personas y en la movilización sindical. Tras una pancarta con el lema Construcciones Zubillaga paga a tus trabajadores, un grupo de trabajadores reclamaba ayer ante las oficinas de la empresa el abono de sus salarios. Oscar Cayón, del sindicato LAB, aseguraba que la empresa “quiere mantener abiertas las instalaciones a costa de no pagar a los trabajadores”, que están “hasta arriba porque es una cantidad importante de dinero” la que se les adeuda. Demetrio Ortiz de UGT, dudaba de los argumentos dados por la empresa Navarra. “El grupo Ortiz ha desmentido que les deba dinero”, dijo. Cayón emplazó a la empresa a aportar una solución antes del viernes y advirtió de que “si vienen con el mismo cuento que hasta ahora habrá que tomar otro tipo de medidas más drásticas”.