madrid - El juicio por la salida a bolsa de Bankia comenzó ayer con la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción añada al delito de estafa a inversores que atribuye a la antigua cúpula de la entidad el de falsedad contable, que también podría extender al resto de acusados, que suman una treintena.
La Audiencia Nacional comenzó ayer a juzgar a 34 exdirectivos de Bankia por estafa multimillonaria en la salida a Bolsa de esa entidad financiera, incluido su expresidente Rodrigo Rato para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión, que se sumarían a los 4,5 que ya cumple por otro caso.
Bankia se formó en diciembre de 2010 por la fusión de Caja Madrid y otras cajas de ahorros (banca pública regional) con problemas financieros. Y captó 3.092 millones de euros en el debut bursátil de julio de 2011, cuando 180.000 pequeños inversores compraron acciones.
El juicio comenzó ayer en la Audiencia Nacional con las cuestiones previas planteadas por las partes. Rato, uno de los símbolos de la corrupción en España, y otros cinco encausados tuvieron que desplazarse al tribunal desde prisión, ya que cumplen diversas condenas por usar tarjetas opacas al fisco cuando eran directivos de Caja Madrid. El exdirigente del PP, que ingresó en prisión el 25 de octubre, fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía (1996-2004), director gerente del FMI (2004-2007) y presidente de Caja Madrid (2010-2013). También presidió Bankia (2010 y 2012), cargo del que fue destituido cuando la entidad fue parcialmente nacionalizada.
La entidad recibió un total de 24.000 millones de euros en ayudas públicas procedentes de un préstamo internacional para tapar un gran agujero en sus cuentas, lo que representa el mayor rescate financiero de la historia de la banca española. Rato aún tiene pendientes varios casos judiciales más, con acusaciones de delito fiscal, corrupción y blanqueo de capitales.
estafa En la salida a bolsa de Bankia, la Fiscalía anticorrupción atribuye el delito de estafa también al exvicepresidente José Luis Olivas, para quien solicita cuatro años de cárcel; al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (dos años y siete meses).
El ministerio público cree que ellos tres y Rato ocultaron que el negocio de Bankia no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas públicas, de modo que habrían actuado para obtener “a toda costa” los fondos necesarios. Inicialmente, en las conclusiones provisionales, Anticorrupción considera que “las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias” de los supervisores oficiales.
Pero ayer, la fiscal Carmen Launa avisó de que podría modificar las conclusiones y añadir el delito de falsedad contable antes de que presente el informe final durante el juicio.
Launa pidió, además, que se incorpore ingente documentación que, hasta ahora, no obraba en el procedimiento, mayoritariamente informes que revelarían el mal estado de Bancaja Hábitat, la filial inmobiliaria de Bancaja (una de las siete entidades que constituyeron Bankia).
Por su parte, las acusaciones particulares y populares aseguran que sí hubo falsedad contable, y piden hasta 12 años de prisión para los 31 exdirectivos y multas millonarias para Bankia, su matriz, BFA, y la firma auditora, Deloitte, pues consideran que el folleto informativo de la operación mostraba unos números que no reflejaban la imagen fiel del banco.
Los acusados refutan las acusaciones y Bankia y BFA aducen que de los 180.000 pequeños accionistas supuestamente perjudicados quedan por indemnizar unos 168, menos unos pocos fallecidos.
En febrero de 2016, la actual dirección de Bankia decidió devolver unos 1.500 millones de euros a los pequeños inversores, con lo que zanjó un aluvión de demandas judiciales.
Antes, el Tribunal Supremo español ya había dado la razón a un grupo de ellos que demandaron a la entidad por considerar que había un desfase entre las cifras del folleto informativo para la compra de acciones y las reales. A falta de un calendario definitivo, está previsto que el juicio se extienda, al menos, hasta junio de 2019. - Efe/D.N.
adiós al sistema de las cajas
El papel de las entidades públicas. Aunque el juicio se centra en la calidad de la información que aportó la entidad financiera (nacida de la fusión de siete cajas de ahorro) para su proceso de salida a Bolsa, es predecible que se convierta en un juicio a la gestión de las cajas de ahorros, su fusión y su inyección de dinero público. La entidad de los testigos, de los acusados y los argumentos de las acusaciones populares que pretenden hacer una enmienda a la totalidad de esa época. Aunque queden fuera de los acusados, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores verán cuestionada su papel en todo este proceso.
24.000
Ayudas públicas. El dinero público destinado a salvar a Bankia de la quiebra alcanzó con el paso de los años los 24.000 millones de euros entre las ayudas concedidas a BFA, Bankia y BMN, de los que el FROB espera recuperar ahora apenas 9.857 millones.
