PSOE y PNV chocan con el electoralismo en un nuevo intento de ligar pensiones al IPC

En concreto, el PSOE planteó reducir las recomendaciones a los dos primeros puntos del preacuerdo que saltó por los aires el martes. Por un lado se daba vía libre al Gobierno central para ligar por ley las pensiones al IPC a fin de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Y por otro lado se pedía al Estado que se haga cargo progresivamente de los gastos impropios de la Seguridad Social como las prestaciones de maternidad y paternidad con el objetivo de garantizar la financiación del sistema y separar las fuentes de las que se nutre.

Eran las dos cuestiones en las que existía el consenso más amplio y que, por tanto, podían ser asumidas por todas las formaciones sin grandes concesiones. La estrategia pasaba por eliminar de la ecuación otras 19 recomendaciones en las que las posiciones estaban más enfrentadas con el fin de garantizar el acuerdo.

Sin embargo, ayer volvió a quedar patente que el adelanto electoral ha cambiado el escenario de la negociación. La comisión avanzaba a buen puerto hasta hace una semana y la convocatoria de las urnas ha dejado el barco anclado muy cerca de su destino, pero en medio de la nada.

la vía del decreto Tras el fracaso de este nuevo intento, al Gobierno de Pedro Sánchez le queda la baza de aprobar por decreto algunas de las cuestiones en las que se había avanzado. La vinculación de las pensiones con el IPC podría seguir ese camino, que habría que tomar ya porque solo restan dos consejos de ministros antes de poner fin a la legislatura, el de mañana y el del próximo viernes.

Por ello, el PNV ha presentado una pregunta parlamentaria para que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aclare las intenciones del Ejecutivo y mostrarle al mismo tiempo su apoyo en el caso de que decida seguir por la vía del decreto. El portavoz peneuvista en el Pacto de Toledo, Iñigo Barandiaran, reconoció ayer que el fracaso del intento de cambiar la fórmula de revalorización de las jubilaciones es otra decepción.

“El verdadero jarro de agua fría fue ayer [por el martes], cuando por sorpresa, y aunque sabíamos que aun teníamos que hacer un esfuerzo, todo se vino abajo, pero esto ha sido también una pena”, subrayó Barandiaran.

A su juicio, las “cúpulas” de algunos partidos han tomado la decisión de frenar cualquier acuerdo y aplazar el debate hasta que se celebren las elecciones. De este modo, han echado por tierra el trabajo de tres años “de todos” los miembros de la Comisión parlamentaria, incluidos los que están bloqueando ahora cualquier intento de acuerdo.

El último se gestó por la tarde del martes cuando PSOE, PNV, PDeCAT y Compromis -que acudió en coalición con Podemos en las últimas elecciones- pidieron que se reuniera el Pacto de Toledo hoy jueves a pesar de que PP y Podemos, que suman mayoría, habían dado carpetazo a la comisión.

La presidenta del foro parlamentario, la popular Celia Villalobos, respondió ayer que “no puede convocar” una reunión “si no hay un documento con más del 90% de acuerdo del conjunto de los grupos políticos”.

primer portazo del pp Villalobos culpó a Podemos de haber “dinamitado” la comisión parlamentaria al elevar sus exigencias y afirmó que en esa situación era “imposible llevar un documento a la comisión” y que no tenía sentido convocar una reunión. “No puede haberla, con gran dolor de mi corazón”, afirmó la dirigente del PP. Fue entonces cuando los socialistas presentaron una nueva vía de mínimos, la de las dos primeras recomendaciones. Antes de hacerlo, se reunieron con los partidos que están dispuestos a mantener vivo el foro, entre ellos el PNV, que le dio todo su apoyo.

La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, explicó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso que su planteamiento no tenía que “ser ningún problema porque es un acuerdo de mínimos”. Además, añadió que se podrían incluir, si los grupos así lo decidían, otras recomendaciones como las que hablan de jóvenes, mujeres o personas con discapacidad. Básicamente las cuestiones a las que ningún partido se había opuesto frontalmente.

La propuesta volvió a naufragar. Podemos fue el primer grupo en rechazar esa posibilidad. Sin embargo, los populares, con cuyo apoyo había salido adelante la iniciativa, mantuvieron abierta la puerta unas horas. Al final el PP dio el segundo portazo del día al Pacto de Toledo y tumbó la posibilidad. Ciudadanos, que por la mañana se había posicionado en contra del intento de reabrir la comisión, se sumó también al rechazo al acuerdo de mínimos.

UGT animó al Gobierno de Pedro Sánchez a cambiar algunos aspectos de la última reforma de las pensiones vía decreto y esa posibilidad ha cobrado fuerza los últimos días. En ese caso y aunque fuera para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, se quebraría el espíritu del Pacto de Toledo, un foro en el que los partidos pactan recomendaciones que el Ejecutivo asume como propias. El único partido que ha roto ese consenso es el PP cuando en 2013 aprobó en solitario la última reforma.

mADRID PAGA LA ‘EXTRA’ POR EL IPC

El ajuste por el IPC. El Gobierno central compensará desde este miércoles a más de 9 millones de pensiones (9.373.892) con unos 13 euros de media de la llamada paguilla, es decir, una paga única adicional como consecuencia de un mayor incremento de los precios (IPC) en 2018. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social explicó en un comunicado que destinará 123,4 millones de euros a la paga, que tiene como objetivo compensar la décima de desviación del IPC que se registró el pasado año (1,7%), por encima del 1,6% previsto en los Presupuestos.

Más prestaciones. Este año se ha extendido este abono adicional a 194.393 prestaciones familiares por hijo a cargo, mayor de 18 años y discapacidad igual o superior al 65%, a las que se dedicarán 1,08 millones.