El plan para eliminar el amianto en Navarra cuesta 245 millones en 12 años

La Comunidad es pionera con esta iniciativa
Detecta 6,3 millones de m2 de uralita y 566 km de canalización con asbesto
Este mineral cancerígeno se prohibió en 2002
Si no se manipula, no hay peligro

09.02.2020 | 02:24
El plan para eliminar el amianto en Navarra cuesta 245 millones en 12 años

pamplona - Eliminar el amianto en Navarra cuesta, como mínimo, unos 245 millones en doce años, según el plan director presentado ayer por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, y el jefe del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Iñaki Moreno. La Comunidad es la primera en confeccionar un programa de estas características en España y la segunda en Europa, después de Polonia.

El amianto es un mineral de composición química variable, cuya rotura o trituración libera fibras con importantes efectos negativos sobre la salud. La liberación de fibras provoca un riesgo que no existe si el material no se maneja. De esta forma, "la presencia de materiales con amianto no implica necesariamente riesgo, ya que solo su inadecuada manipulación, degradación y consecuente dispersión de filamentos puede generarlo", detalló Domínguez.

El plan se ha diseñado con el horizonte de 2032, año en el que la Unión Europea ha fijado suprimir este mineral, también denominado asbesto, en cada país. Sus propiedades de resistencia mecánica, incombustibilidad o fortaleza frente al ataque químico, favorecieron su uso en la construcción y en la industria entre 1950 y los primeros años del siglo XXI, ya que en España se restringió en 2002 y en Europa en 2005. Por ese motivo, actualmente Navarra suma, al menos, 6.368.651 m2 de cubiertas de fibrocemento (uralita), 20.109 edificaciones y 566 kilómetros de canalizaciones. Aunque es una estimación orientativa, ya que "existe fibrocemento oculto que por ahora no se puede cuantificar", dijo Moreno.

La vida útil del fribrocemento se estima entre 30 y 50 años. Por ese motivo, urge intervenir sobre el material contenedor de amianto (MCA), ya que "para 2020, el 65% de los materiales instalados habrán agotado su vida útil; en 2030, el 87%; y en 2040, el 100%", aclaró Moreno.

La retirada de los 6,3 millones de m2 de cubiertas con placas de fibrocemento supondrá un gasto de 235 millones; la de 46 kilómetros de canalizaciones alcanzará los 5,5 millones; el uso de centros específicos de vertido y tratamiento, 1,2 millones y la construcción de nuevos vertederos, tres millones. "Desconocemos el coste de la gestión del amianto oculto todavía", aclaró Moreno. El jefe del Servicio de Salud Laboral remarcó que "todo el material que se sospeche pueda contener amianto se debe considerar y gestionar como tal". Sin embargo, repitió que "no hay que retirar todos los materiales que incluyan este mineral, ya que si están intactos supone un menor riesgo dejarlos que retirarlos sin las medidas adecuadas". Además, únicamente personal especializado de compañías inscritas en el Registro de Empresas de Retirada de Amianto (RERA) puede quitar el asbesto de edificios y lugares en los que se detecte. "La incertidumbre social sobre el grado de exposición a este mineral puede ser corregida al identificarse los lugares en los que se encuentra, y garantizar su posterior gestión con parámetros de seguridad. Su retirada revalorizará inmuebles y terrenos, en estos momentos degradados por la presencia de elementos y escombros con amianto. También tendrá beneficios en investigación, formación y creación de nuevos empleos especializados en la gestión y retirada adecuada de estos materiales; y, además, habilitar lugares de vertido con garantías reducirá costes de transporte", especificó Moreno.

las enfermedades La inhalación de las fibras de amianto puede originar patologías que pueden pronunciarse, incluso, 40 años después de su exposición a este mineral. El asbesto se presenta como "uno de los más importantes carcinógenos laborales y causa la mitad de muertes por cáncer laboral en España. Este mineral puede provocar cáncer de pulmón, de pleura, de ovario o de laringe y mesotelioma, fibrosis de tejidos pulmonares y otras afecciones de menor entidad. Pero, tampoco existe un nivel seguro de exposición en la relación entre fibras de amianto en aire respirable y efecto cancerígeno. Así, estos datos no deben generar alarma social, porque la presencia de amianto no implica necesariamente riesgo; solo su inadecuada manipulación o degradación", especificó Domínguez.

Navarra contabiliza 3.192 personas en el Registro del Servicio de Salud Laboral del ISPLN con seguimiento postocupacional en el Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario. En 2016, la Comunidad Foral diagnosticó 181 lesiones causadas por la exposición al amianto, aunque únicamente el 16,7% se reconocieron como enfermedad profesional. El 70% de las personas que estuvieron expuestas al asbesto durante su etapa laboral, y que ahora están jubiladas, pertenecían al sector de fabricación de vehículos de motor y la metalurgia. Actualmente, los profesionales que trabajan con este mineral se concentran en construcción, captación, depuración y distribución de aguas y recogida, tratamiento y eliminación de residuos. Pero, además, a los daños de origen laboral hay que añadir los derivados de exposiciones no laborales. "Estudios estiman que un 20% de casos de mesotelioma pleural (cáncer) se deben a exposiciones ambientales a este material, alcanzando el 39% en mujeres", recordó Moreno.

crear un grupo El plan director propone constituir un grupo para implementar las actuaciones de retirada del amianto, con representantes de entidades locales, autoridad laboral, departamentos de Vivienda, Medio Ambiente, Residuos, Patrimonio, Industria, Administración Local, Salud Pública y Laboral, Servicios informáticos, SNS-O e Inspección de Trabajo. Plantea crear un consejo social de participación con organizaciones como sindicatos, empresas, autónomos, gremios y personal afectado. El programa expone que para confeccionar las medidas necesarias para retirar y eliminar material con amianto, pueden tenerse en cuenta las diferencias en la titularidad y accesibilidad de las edificaciones, para establecer prioridades de actuación, como en escuelas, universidades y locales privados de uso público.