PAMPLONA. UAGN ha afirmado este lunes que está trabajando "intensamente" desde hace meses para la retirada de los osos del Pirineo navarro y ha precisado que ha reivindicado tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra información sobre la introducción de la osa "sin que ninguno de ellos estuviera al corriente de la entrada de estos animales salvajes". Y ha señalado que articularán las medidas jurídicas correspondientes, tanto nacionales como internacionales, para "retirar los osos y no alteren el trabajo de los ganaderos de los valles".
En un comunicado, UAGN ha señalado que "en febrero pusimos en marcha junto a Asaja Huesca y Asaja Lleida la plataforma transpirenaica para trabajar conjuntamente y poner en valor el papel de la ganadería extensiva en el Pirineo y durante estos meses hemos mantenido distintas reuniones con la Administración en Navarra y Madrid, pero sin respuesta clara".
"Se nos denegó la invitación de UAGN por parte del Departamento para participar en una jornada que celebramos la semana pasada sobre la ganadería extensiva", ha indicado Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN y ganadero del Izal, valle de Salazar, quien ha expuesto que "se redactó un manifiesto, firmado por el 99% de ganaderos de los Valles Pirenaicos, para ejercer presión ante la Administración de un tema que preocupa enormemente al sector".
UAGN ha señalado que en los últimos días se han registrado tres ataques a ganado, lo que a su juicio "deja claro que el sistema de geolocalización no funciona puesto que los avisos tardan horas en registrarse". "Es intolerable que los ganaderos tengan que convivir con una osa eslovena que se ha introducido en un hábitat que no es el suyo y se desconoce el comportamiento que pueda tener", ha manifestado, para añadir que "no vamos a admitir que a día de hoy los ganaderos y el ganado estén en peligro frente a especies salvajes que se han introducido en el territorio sin tenernos en cuenta".
Palacios ha comentado que de momento ha sido el oso, confiemos en que no reintroduzcan el lobo". "A mi como ganadero del Pirineo nadie me ha preguntado que me parecía la medida, y de la noche a la mañana nos recorre por nuestros pastos un animal agresivo, que ya ha realizado varios ataques a nuestros animales. ¿Solución? Ninguna", ha expuesto.
"En el caso del valle de Salazar ningún responsable nos ha dado ninguna indicación sobre cómo debemos proceder en caso de ataques, o de encontrarnos con la osa. Sólo sabemos lo que ha aparecido en prensa, nadie nos ha convocado a todo el sector a una reunión", ha criticado, y ha expuesto que "la Administración tiene que tener en cuenta a los agentes del territorio en la toma de decisiones sobre el medio rural, de forma que las medidas medioambientales que se tomen, tengan como prioridad garantizar el enfoque del medio rural y la pervivencia de la actividad económica que en ellos se realiza".
A su juicio, "es un error, una humillación y una falta de respeto que no se cuente con el sector a la hora de tomar decisiones como introducir fauna salvaje en el territorio". "Se legisla sin tenernos en cuenta, prima más la presión y los intereses de asociaciones medioambientalistas, y nada los nuestros, y muchas veces nos encontramos con una legislación farragosa y muy difícil de cumplir, y somos nosotros los que pagamos las consecuencias", ha agregado.
Ha manifestado que "es imprescindible establecer interlocución con todas las administraciones y poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para defender los intereses de la ganadería extensiva en el Pirineo frente a las agresiones de índole ambiental, social o económica originadas por el desconocimiento de la realidad de nuestros pueblos y de nuestro modo de vida".
Ángel Remírez, responsable jurídico de UAGN, ha manifestado que "el Código Penal establece que el que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio para tiempo de uno a tres años". Ha comentado así que "podemos concluir que existen varias vías administrativas y judiciales para denunciar esta situación".
