madrid - El Consejo Económico y Social (CES) insta a abandonar la práctica de gobernar mediante legislación de urgencia para no impedir a los grupos parlamentarios discutir el contenido de las normas y evitar así “distorsionar” el modelo de separación de poderes.
Así lo afirma el CES en su Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2018 aprobada por el Pleno del organismo en su sesión del pasado 29 de mayo.
El organismo, que desde hace unas semanas preside en funciones Mari Carmen Barrera (UGT) tras finalizar su mandato Marcos Peña, subraya que la complejidad del año desde el punto de vista político explica la “atonía” en la adopción de decisiones relevantes durante gran parte de 2018.
“Iniciativas importantes y esperadas para la protección, la inclusión y cohesión social no han conseguido salir adelante por la dificultad para alcanzar acuerdos. Se ha retrasado el necesario consenso sobre mejora del sistema educativo, sostenibilidad del sistema de pensiones, retos del sistema sanitario y de atención a la dependencia, gestión del agua o modelo energético y de sostenibilidad ambiental de nuestro país”, lamenta.
En relación con las pensiones, insta a dar continuidad al Pacto de Toledo y revitalizar el diálogo social en esta materia, al tiempo que reclama un mayor esfuerzo de “responsabilidad institucional, operatividad y consenso”.
En el texto, el CES advierte de que persisten desequilibrios que suponen un riesgo a la continuidad del crecimiento creador de empleo, entre ellos la deuda externa, la deuda pública y privada y la situación del mercado de trabajo, y todo ello en un contexto de débil crecimiento de la productividad.
Otros retos a los que, según el CES, debe enfrentarse España pasan por mitigar las profundas desigualdades en las rentas y el elevado riesgo de pobreza y exclusión social.
En este punto, el organismo señala que, aunque ha descendido hasta el 22% la población con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, los niveles de renta siguen sin alcanzar los del periodo precrisis y no se han eliminado los riesgos de vulnerabilidad social.
Ello es reflejo, explica, de desigualdades en el mercado de trabajo, incluso en la recuperación, así como de la “limitada” capacidad de las políticas públicas para reducir la pobreza, en especial de aquellos que se encuentran en las situaciones más extremas de vulnerabilidad social, como desempleados, extranjeros o familias monoparentales.
El organismo sostiene en su Memoria que la economía española se enfrenta a tres cambios: pasar de lo analógico a lo digital, de lo material a lo intangible y de lo lineal a lo circular, y todo ello requiere, a su juicio, actuaciones de carácter estructural.
Por su parte, los pensionistas de la CAV, convencidos de que para lograr sus demandas deben seguir en la calle, preparan un calendario de movilizaciones que incluye mantener en verano las de los lunes con algún “descanso” puntual y ampliar las protestas a partir de septiembre contando para ello con otros colectivos.
Como cada lunes desde hace casi año y medio, cientos de pensionistas se han concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbao en defensa de sus reivindicaciones, entre ellas el logro de una pensión mínima de 1.080 euros y la revalorización de las pensiones como mínimo en función del IPC real. - Efe
