madrid - Funcionarios interinos y temporales de la Administración española han presentado más de 5.000 demandas contra el Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) para acabar con la “discriminación” que sufren 800.000 funcionarios, sobre lo que la Justicia europea decidirá en septiembre u octubre si obliga a España a hacerlos fijos después de años en sus puestos de trabajo encadenando contratos temporales.

El Tribunal europeo tendrá que pronunciarse como tarde en octubre sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas ante los casos de tres trabajadores interinos y temporales del Servicio Madrileño de Salud que suman entre 12 y 18 años de sus puestos con contratos temporales.

Si la sentencia es favorable a estos trabajadores, se podría abrir un gran proceso que obligaría a las administraciones españolas a hacer indefinidos a la mayoría de los interinos que lo reclaman en los tribunales, ya que las sentencias europeas son vinculantes y priman sobre las normas nacionales.

El abogado general de la UE se pronunciará mañana sobre estas demandas, indicando el sentido en el que debe sentenciar el tribunal, si bien el pasado 15 de mayo se celebró en Luxemburgo la vista oral del juicio en el que los representantes de la Comisión Europea se pronunciaron a favor de la reclamación de los trabajadores españoles.

Los afectados han denunciado que su “compleja” situación se ha agravado con las ofertas públicas de empleo convocadas para dar estabilidad al empleo público, acordadas el año pasado por el Gobierno con los sindicatos, ya que pueden suponer la marcha de trabajadores que llevan años en el puesto en una cifra aproximada de “uno de cada cuatro” empleados en esta situación.

Entre los reclamantes que expusieron sus casos figuraban empleados del ámbito sanitario o judicial que llevan hasta 20 años encadenando contratos temporales. Denunciaron las condiciones discriminatorias en contratos de guardias hospitalarias, en los que no cuentan con salario base, o situaciones como no poder solicitar excedencias.

Durante una rueda de prensa para explicar la situación actual del contencioso, el abogado Javier Araúz denunció el “abuso de temporalidad” de las administraciones españolas por el que algunos trabajadores públicos acumulan más de tres años de trabajos continuados y hasta 35 años.

Araúz denunció la situación de abuso de temporalidad que llevan viviendo miles de funcionarios durante años, siendo “discriminados” en sus condiciones de trabajo, con menores retribuciones incluso que los fijos comparables y sin estabilidad, además de no contar con la misma protección social que los fijos en lo que respecta a licencias y excedencias, y poder ser despedidos sin indemnización.

el 30% del sector público En este sentido, indicó que en esta situación de temporalidad continuada se encuentran alrededor de 800.000 funcionarios, en torno al 30% de los trabajadores del sector público, si bien en algunos sectores alcanza el 100% o porcentajes elevados, como los servicios de Urgencias de Madrid (90%), el SEPE (70%), la Oficina Nacional de Trasplantes (88%) o ayuntamientos como el de Huelva (60%) o Sevilla (70%).

Según el propio Araúz, esto es “incompatible” con la normativa comunitaria, ya que Europa “no quiere empleo precario”, al considerar que la precariedad en el empleo genera también precariedad personal, familiar y social. - E.P.