madrid - La Fiscalía Anticorrupción endureció ayer su relato sobre la salida a Bolsa de Bankia, una “pesadilla” basada en irregularidades “perfectamente” conocidas por su expresidente Rodrigo Rato y el resto de ejecutivos, que “los operadores financieros han querido hacer desaparecer” para minimizar posibles responsabilidades. Durante su intervención ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen Launa defendió su labor y aseguró que el hecho de haber añadido un presunto delito de falsedad contable a su acusación final no vulnera derecho alguno, puesto que “las defensas han sabido en todo momento de lo que se les acusaba y de qué tenían que defenderse”.
La representante del Ministerio Público se refería así a la modificación de sus conclusiones el pasado julio, cuando presentó un nuevo escrito en el que pide ocho años y medio de cárcel para Rato por estafa a inversores y falsedad contable.
Pena sensiblemente superior a los cinco y seis años de prisión que solicita, respectivamente, para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y exconsejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella; mientras que el que fuera número dos de la entidad Francisco Verdú se enfrenta a entre seis y nueve meses de cárcel.
cooperadores necesarios En la lista figuran otras diez personas, entre ellas exintegrantes de los comités de auditoría del grupo, como Miguel Ángel Soria o el exdirector de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj, así como el interventor del banco, Sergio Durá, y el socio auditor Francisco Celma.
Aunque inicialmente les exoneraba, la Fiscalía ha perfilado a todos ellos como cooperadores necesarios de las presuntas irregularidades, las cuales cree acreditadas “de forma contundente” tras nueve meses de pruebas.
“Se ha demostrado la importantísima insuficiencia de los saneamientos, la deficiencia de información al mercado y la desaparición de la provisión genérica”, indicó Launa, que insistió en que la entidad ofreció una imagen en el folleto de la salida a Bolsa que no se correspondía con la real.
Planteadas las cuestiones procesales, desgranó con profusión cada uno de los indicios.
En opinión de la fiscal, los directivos de BFA-Bankia ocultaron la situación del grupo desde sus orígenes, finales de 2010, período en el que los acusados “sabían” que las coberturas de las que disponían “no eran las adecuadas” porque se basaban en cálculos sobre información disponible tres meses antes. Sin embargo, a pesar de que tanto la dirección financiera como los ejecutivos ahora en el banquillo eran conscientes de que el nivel era “muy superior en septiembre que en diciembre”, no actualizaron las cifras para mostrar un mayor atractivo.
Y es que de haberse contabilizado correctamente, el banco se habría quedado “con un patrimonio que no permitía ninguna operación”, en alusión a la posterior salida a Bolsa de julio de 2011.
peritaje Launa se remitió a los informes de los peritos cedidos a la causa por el Banco de España, y cuantificó en 5.759 millones el déficit de saneamientos que arrastraba BFA-Bankia.
A ello habría que sumar otros 663 millones de euros en deterioros no registrados procedentes de Banco de Valencia, principal participada de una de las siete cajas del grupo, Bancaja.
Mención aparte dedicó la fiscal a la entidad levantina, más en concreto a su expresidente José Luis Olivas, que era “perfecto conocedor de la situación de Banco de Valencia por comunicación directa del supervisor y por la información que iba teniendo en los órganos corporativos”.
Firme en su tono crítico, Launa aludió a la actuación de los organismos públicos, calificando de “inusual” los contrainformes con los que la Comisión Nacional del Mercados de Valores y del propio Banco de España han querido “desvirtualizar” el trabajo de los inspectores designados al caso.
“Todo lo que rodeó la constitución del grupo BFA-Bankia y su salida a Bolsa, hasta la dimisión de Rato y la nacionalización de la entidad, minó la credibilidad exterior de nuestra economía”, ha denunciado la fiscal, que ha lamentado que los “operadores financieros” nieguen esta “pesadilla”. - Efe/Europa Press
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desajuste contable. Según la fiscal, los directivos Rato, Olivas y Norniella, con la “imprescindible” colaboración del director financiero y de riesgos Ildefonso Sánchez Barcoj, decidieron incluir en las cuentas anuales consolidadas de 2010 ajustes por puesta a valor razonable de 9.207 millones, mientras que la cifra debería haber ascendido a 14.966 millones de euros de cobertura sobre la base de los importes calculados por PwC, a lo que habría que sumar 663 millones por los ajustes correspondientes a Banco de Valencia, que tampoco fueron reconocidos.
