Volkswagen España se desmarca y alega que el 'software' de los diésel no manipuló las emisiones

La OCU pide a la filial automovilística del grupo alemán 22,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios

18.02.2020 | 01:06
Comienza este martes en un juzgado de Madrid el juicio por la demanda colectiva de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Volkswagen-Audi

madrid – Volkswagen España se desmarcó ayer durante la vista oral de la polémica por el trucaje de motores diésel al alegar que, dada su condición de importadora de vehículos del grupo, no interviene en el proceso de fabricación, si bien ha descartado que el software instalado en ellos manipule los datos sobre emisiones.

Ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que celebró la vista por la macrodemanda de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la filial del grupo alemán, el letrado de la compañía insistió en que los programas informáticos que incorporaron los motores de la familia EA 189 hasta 2015 "no falsean nada", y pidió que no se compare la situación en Europa con el dieselgate de Estados Unidos.

Al respecto, el abogado de la demandada se apoyó en el peritaje elaborado por José Manuel Luján, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, que en sede judicial explicó que los motores usados en el Viejo Continente sólo coinciden con los estadounidenses en su "corazón".

El experto señaló que en Europa, los motores pueden alcanzar unos niveles de Óxido de Nitrógeno (NOx) de unos 180 miligramos por kilómetro, muy superiores a los 31 miligramos por kilómetro que por ley permitidos en Estados Unidos.

Aunque la principal diferencia, añadió, es que mientras que en suelo comunitario es un experto independiente quien aglutina los datos de emisión necesarios para obtener la habilitación, en el modelo estadounidense la recopilación viene dada a las autoridades por la propia compañía.

Al finalizar la jornada, el magistrado ha dejado visto para sentencia la macrodemanda de la organización, que representa a 7.500 afectados y pide en total 22,5 millones de euros (unos 3.000 euros para cada uno) en concepto de daños y perjuicios.