376 personas declaran en Navarra patrimonios superiores a los cinco millones de euros

La Comunidad Foral pierde en cinco años 56 contribuyentes con bienes de más de 10 millones de euros

10.05.2020 | 01:23
376 personas declaran en Navarra patrimonios superiores a los cinco millones de euros

Pamplona – Navarra ya siente con cierta intensidad el dumping fiscal de Madrid, que, con los impuestos de Patrimonio y Sucesiones prácticamente a cero, se ha convertido en una aspiradora no solo de talento, sino también de grandes fortunas. De hecho, las estadísticas de Hacienda Foral recogen ya una caída relevante en el número de declarantes de este tributo que mide la riqueza y por el que pagan en la Comunidad Foral cerca de 9.000 personas.

El descenso es más acusado en los tramos más altos, es decir entre las fortunas de más de diez millones de euros, que pasan de 189 en el año 2014 a apenas 132 (-30%) en la declaración del año pasado, que recoge los datos de 2018. También se aprecia un descenso sensible si se toma el dato de quienes poseen una fortuna superior a los cinco millones de euros: pasan de 445 a 376, lo que supone un descenso de casi el 16%.

Hacienda no publica datos acerca del movimiento de estos declarantes, por lo que resulta prácticamente imposible saber qué ha pasado con ellos. Pero a nadie se le escapa que la Comunidad de Madrid, que no cobra este impuesto y bonifica al 99% el de Sucesiones, se está convirtiendo en el lugar donde tributa un número creciente de ricos. De hecho, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el número de súper ricos (más de 30 millones de euros) que tributa en Madrid ha crecido en un 20% desde 2014, mientras que se incrementa por encima del 11% el de aquellos que poseen bienes entre seis y 30 millones.

La capacidad de atracción de Madrid no tiene que ver solo con su régimen fiscal, hoy el más ventajoso de entre todas las comunidades para los más ricos, pero un número creciente de comunidades autónomas ha ido mostrando su malestar por lo que entiende una competencia desleal por parte de quien ya aprovecha su régimen de capitalidad. Gestha, sindicato que agrupa a los técnicos de Hacienda, reclama desde hace tiempo la imposición de unos tipos mínimos que eviten que los impuestos desaparezcan. Y antes de que el estallido de la crisis opacara prácticamente cualquier otra cuestión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el nuevo modelo de financiación autonómica incluirá una propuesta de "armonización de los impuestos cedidos" a las comunidades del régimen general, todas excepto Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. La medida tendría como objetivo, explicó Montero "atenuar situaciones de competencia desleal entre territorios con diferentes puntos de partida".

Sin citarlo de manera expresa, Montero aludía así a la comunidad de Madrid, que durante la última década ha ido rebajando impuestos de manera continua, a costa incluso de sacrificar el gasto en salud por habitante, entre los más bajos de todas las comunidades. En el último ejercicio, Madrid bonificó con cerca de 1.000 millones de euros un impuesto cuya capacidad recaudatoria no es demasiado elevada, que se implantó en 1977 en España y que fue eliminado entre 2008 y 2010. Se recuperó a nivel nacional al año siguiente, ante la necesidad de incrementar los ingresos fiscales debido al desplome de la mayor parte de los tributos. Pero Madrid optó por bonificarlo. Este impuesto ha sido eliminado en buena parte de Europa desde mediados de los años 90 y, junto a Sucesiones, se encuentra en el punto de mira de las asociaciones empresariales y de los grupos de presión conservadores que apuestan por debilita todavía más una base de recaudación ciertamente raquítica: España y por supuesto Navarra figuran entre los territorios cuyas administraciones menos recaudan en relación a su riqueza.

fuerte progresividad Los datos de 2019 confirman el escaso poder recaudatorio del tributo en Navarra, que ha menguado además durante los últimos años. Con un mínimo exento que se sitúa en el umbral de los 600.000 euros –llegó a situarse en apenas 300.000 euros a comienzos de siglo–, los 33 millones del año pasado contrastan con los más de 51 millones del año 2013.

Aporta, eso sí, una progresividad destacable, con una afección muy moderada a los patrimonios medios y mucho más significativa para las grandes fortunas, que han buscan escaparse a través de otros instrumentos (sicav) y que ahora han optado por trasladar sus lugares de residencia. De este modo, las 4.863 personas que declararon patrimonios entre 600.000 y 1,5 millones de euros (el 55% del total de los declarantes) afrontaban una cuota de 5,13 millones de euros, unos 1.100 euros por persona. La cifra crece hasta los 5.500 euros para quienes declaran entre 1,5 y 2,5 millones de euros: se sitúa en 13.500 euros para quienes declaran entre 2,5 y 5 millones; se duplica para quienes declaran hasta diez millones de euros (unos 26.000 euros al año) y se dispara hasta los casi 82.000 euros de factura anual para las 132 personas que tributaron por el impuesto en la Comunidad Foral en 2018.

En los últimos años, Navarra ha aplicado asimismo distintas modificaciones a este impuesto, sobre todo en lo que se refiere a los bienes empresariales, que pasaron a computar en el cálculo. La decisión soliviantó la asociación de empresarios familiares y fue rectificada en parte en 2017. Finalmente, el año pasado se modificó de nuevo el impuesto para dejar fuera estos bienes y no situar a Navarra en peor posición en este impuesto que la CAV.

2.717 millones en ladrillo El informe sociométrico sobre el Impuesto de Patrimonio refleja también de qué forma está repartida la riqueza que grava. Algo más de 2.717 millones son bienes de naturaleza urbana (viviendas y locales comerciales, en su mayor parte), si bien queda fuera del cálculo la vivienda habitual en la que reside el contribuyente. Las participaciones sin cotización, entre ellas los fondos, suponen más de 6.548 millones de euros y duplican el valor de las participaciones cotizadas (acciones). Los depósitos en cuentas bancarias apenas suponen el 10% del total de la base imponible, que ronda los 14.000 millones de euros u que también se ha reducido en los últimos años, lo que parece dibujar una cierta fuga de dinero y de declarantes hacia otros territorios.