El problema viene de lejos y se remonta a la crisis de 2007, cuando estalló un modelo de desarrollo basado en la deuda privada y se generó una montaña de deuda pública que ahora volverá a crecer y que apenas se pudo reducir durante un sexenio entero (2014-2019) de crecimiento económico, pero de baja inversión pública.
Durante todo ese tiempo, las finanzas del Gobierno foral se han visto condicionadas por los límites de déficit y por las reglas de gasto, cuestiones que acapararon los titulares y la discusión política. Un debate en el fondo un tanto estéril, disociado de la realidad de los números, que ha opacado el verdadero problema: la ciudadanía reclama a la administración unos servicios homologables a los de los países más prósperos de Europa, pero aporta vía impuestos mucho menos de lo que sería necesario para ello.
Las causas son variadas y complejas: desde un sistema fiscal plagado de deducciones y desgravaciones a una mayor tasa de paro casi crónica, que limita la recaudación vía IRPF y cotizaciones sociales. Por ello, en el debate fiscal, conviene separar las urgencias del corto plazo con la necesaria planificación a medio y largo plazo. Si Navarra -y por supuesto el conjunto del Estado- desea financiar como es debido la salud, la educación y la dependencia; garantizar una renta a los más vulnerables, apoyar a sus empresas, invertir en proyectos de desarrollo como el Canal de Navarra, contar con una red de carreteras moderna y disponer de un colchón presupuestario para hacer frente a emergencias, no puede conformarse con recaudar apenas un 33% o un 34% de su PIB, dos puntos menos de lo que se recauda en el conjunto de España, cuatro menos que en Portugal, cinco menos que los Países Bajos y siete puntos menos que Alemania.
Puede que, con vistas a 2021, baste con seguir incrementando la deuda y afrontar dos o tres retoques fiscales que mejoren la capacidad recaudatoria. (Una idea: solo en bonificar planes de pensiones privados para mayor gloria de los bancos nos gastamos más de 30 millones de euros todos los años). Pero a medio plazo, además de apostar por sectores que creen empleo ya, como la rehabilitación de vivienda, es necesario un debate mucho más profundo, que mejore la eficiencia recaudatoria del sistema tributario en casi todas sus figuras, especialmente en Sociedades, Todo ello debe ir acompañado de cambios en la normativa europea -fiscalidad de las grandes corporaciones tecnológicas- y estatal: Patrimonio y Sucesiones deberían contar con un mínimo común que evite por ejemplo el dumping fiscal de Madrid.
Resulta imprescindible además reforzar la plantilla de Hacienda, la más escasa de toda la OCDE y, sobre todo, conviene empezar a hablar claro la ciudadanía. O se avanza en esa dirección, para homologarnos progresivamente a los modelos continentales, o se sigue acumulando deuda año tras año. Porque no parece fácil que, sin hablar inglés y sin convertirnos en la sede europea de todas las multinacionales tecnológicas, podamos ser como Irlanda.
