as Mutuas de trabajo son asociaciones privadas de empresas con competencias públicas en la gestión y reconocimiento de las prestaciones y, aunque son colaboradoras de la Seguridad Social, tienen un claro interés particular: el del colectivo al que representan, las empresas.

Desde siempre, las Mutuas han ido asumiendo competencias, otorgadas por los diferentes Gobiernos (en contra de la opinión de la clase trabajadora). Dichas competencias eran propias de la Seguridad Social o desde su regulación han sido cedidas a las Mutuas, bajo el criterio de que son eficaces colaboradoras privadas con la Seguridad Social. Los datos, tanto en lo estrictamente médico como en lo económico, nos dan una realidad completamente distinta a la que nos quieren hacer ver; los índices de bajas tanto por contingencias comunes, como derivadas del trabajo, no disminuyen sino que aumentan: las Mutuas no dan solución a los problemas de salud de los y las trabajadoras. Desde 1996, se han hecho con la gestión económica de las contingencias comunes del 80% de la población trabajadora.

La plantilla de Volkswagen Navarra, debido a la presión ejercida, ni ha aceptado ni ha permitido que la gestión y control de la baja común (enfermedades que no tienen origen laboral) fuera realizada por una Mutua, valorando las consecuencias personales que puede acarrear (control de la baja, cuestionamiento de la patología, propuestas de alta en detrimento del médico de cabecera…) como para la sociedad (privación de recursos económicos propios para garantizar la salud).

A las empresas se les ha dado el poder de desviar dinero público para tratar únicamente las enfermedades de sus plantillas en detrimento de sectores de la población más necesitados. Ese poder está regulado en una norma que no necesita la aprobación de los afectados

Como ya es conocido, a mandato de las propias empresas, la Seguridad Social deriva un dinero a las Mutuas para la gestión de las bajas por enfermedad y accidente. Este desvío de fondos públicos causa una merma en la capacidad de la sanidad pública para dar una respuesta sanitaria proporcional a las circunstancias de cada momento.

Así, podemos observar cómo con el dinero público, las mutuas disponen de instalaciones y servicios modernos que no pueden ser utilizados por el conjunto de la población, y en cambio, vemos cómo las instalaciones y servicios de la sanidad pública están quedándose obsoletos hasta tener que aceptar donaciones de dudosa catadura moral. El desmantelamiento de los servicios públicos es una situación inaceptable, no se puede permitir que con nuestras cotizaciones se favorezca el rendimiento empresarial, creando duplicidades y generando ciudadanos de primera clase con acceso a una sanidad privada por el mero hecho de tener trabajo.

Los intereses de las empresas no pueden condicionar el derecho a una sanidad pública de calidad para todas las personas.

Esta pandemia ha dejado al descubierto las carencias del sistema público de salud y la necesidad de aumentar los recursos destinados a sanidad. Y sin embargo, VW Navarra, con el apoyo y acuerdo de sus sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), va a propiciar una descapitalización mayor de la sanidad pública a partir de 2021 con la transferencia de la gestión económica de las contingencias comunes a Mutua Navarra. Parte de las cotizaciones de más de 5.000 trabajadores van a desaparecer de la caja común, para ser gestionadas por una mutua privada. ¡¡En plena pandemia del coronavirus!!

A la sanidad pública le faltan rastreadores, refuerzos en la atención primaria, la apertura de consultorios y centros de salud cerrados, aumento de personal para realizar PCR y consultas. Y a UGT, CCOO, empresas y Gobiernos no se les ocurre otra cosa que desviar dinero a la atención privada.

Este asunto, que a ELA en VW-Navarra le parece capital, debiera mover conciencias dentro y fuera de esta empresa para frenar la medida acordada entre VW y los sindicatos mayoritarios. Más si cabe cuando estos sindicatos a nivel estatal hablan de derogar la colaboración público-privada de la sanidad.

El gobierno “progresista” de Navarra también debe tomar medidas en este asunto, debe dirigirse a su empresa estrella y recordarle que son beneficiarios de multitud de ayudas públicas y que transferir dinero público a la mutua no genera más que desigualdades entre la población trabajadora y la no trabajadora.

Diríjanse también a aquellos sindicatos (de la cuerda de partidos integrados en el acuerdo de investidura), a recordarles que los representantes de la plantilla no pueden limitarse a defender su propia empresa creando reinos de taifa sin responsabilidad con el resto de la sociedad. Las decisiones de hoy son las consecuencias del futuro.

Señores y señoras del Gobierno de Navarra, pónganse a trabajar a favor de la igualdad de trato y no discriminación entre trabajadores y no trabajadores, defiendan la sanidad pública para todos.El autor es responsable de ELA-VW