Los 1.600 trabajadores y trabajadoras del sector de intervención social cuentan por primera vez con un convenio colectivo que regula sus condiciones laborales, una reivindicación que comenzó el sindicato LAB en 2016.

Esta semana el departamento de Derechos Sociales, LAB (con el 70% de la representación) y UGT (con el 10%) y la patronal ANEIS (compuesta por Fundación Xilema, Fundación Ilundain, Nuevo Futuro, Sin Fronteras, Pauma, Kamira, Secretariado Gitano y Médicos del Mundo) han rubricado convenio provincial de intervención social de Navarra.

CCOO, con un 20% de representación, no ha firmado el preacuerdo; y ELA participa en la mesa de negociación con voz, pero sin voto.

Este sector está compuesto por centros y servicios públicos de atención a menores, a familias, a mujeres víctimas de violencia de género o a personas en situación de vulnerabilidad.

VIGENCIA DE CUATRO AÑOS

Este convenio, con una vigencia de cuatro años (2021-2024), recoge un incremento salarial progresivo para los próximos años, junto a otras mejoras como la reducción efectiva de jornada, las mejoras en licencias, permisos y vacaciones o una mayor protección para las bajas laborales, entre otras cuestiones.

Además han acordado una ultraactividad ilimitada, es decir, que en el momento en que expire el convenio, las condiciones laborales que en él se recogen, se mantienen hasta que no se vuelve a renovar.

El documento establece que la patronal irá reduciendo cada año 20 horas la jornada para llegar a las 1.620 horas en 2024.

En el apartado de vacaciones se recoge que de manera progresiva irán aumentado los días hasta alcanzar los 32 laborables o 44 naturales al concluir la vigencia del covenio. Gobierno, patronal y sindicatos han pactado que los salarios crecerán un 13% entre 2021 y 2024; con reconocimiento de pluses para fines de semana y festivos, turnicidad, nocturnidad, antigüedad, guardias y responsabilidad.

Además, han clarificado y ordenado las categorías profesionales y las condiciones salariales o laborales correspondientes a cada puesto y para todo el sector. De esta manera, por ejemplo, una educadora, sería contratada en las mismas condiciones independientemente de la empresa del sector en que realice su trabajo.

Por último, este acuerdo obliga a las Administraciones a licitar los servicios respetando las nuevas condiciones pactadas por la ley de contratos públicos.

“UNA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE 15.000 EUROS”

Ohian Ataun, responsable de intervención social en LAB, ha señalado que "las personas trabajadoras del sector llevaban más de 10 años sin ver actualizados sus sueldos, ya de por sí precarios". "La subida del 12% del IPC durante estos años y la congelación salarial padecida han hecho perder a cada trabajador o trabajadora más de 15.000 euros en poder adquisitivo", ha afirmado.

Ataun ha manifestado que "no ha sido fácil activar y unir en una misma lucha a tantos trabajadores tan diseminados y de puestos de trabajo tan diversos, pero que al final se ha conseguido”.

Por su parte, UGT ha considerado que el preacuerdo "significa el reconocimiento institucional del papel esencial que tiene este colectivo y dignifica las condiciones salariales y laborales de sus plantillas".

Por el contrario, ELA ha criticado que "han quedado fuera del ámbito de aplicación del convenio alrededor de 400 personas pertenecientes a los colectivos de inserción social y socio laboral y los colectivos dedicados a cooperación y ayuda al desarrollo, o atención a la drogodependencia”.