El departamento de Economía y Hacienda dispondrá en 2021 de 1.080 millones de euros, más de la mitad de ellos para pagar la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado según el Convenio Económico.

En concreto para el próximo año se han previsto para esta cuestión 560 millones de euros frente a los 585 presupuestados para 2020, lo que supone un descenso del 4'37%.

Al margen de este capítulo, la consejera Elma Saiz destaca que los Presupuestos Generales de Navarra son "el instrumento fundamental para materializar la respuesta a la crisis sanitaria, bien mediante la traslación de las medidas para la luchar contra los efectos, o como medio para canalizar los fondos europeos que financiarán la reactivación económica".

Y en este sentido subraya que a pesar del impacto negativo de la pandemia, que ha provocado un incremento "significativo" del endeudamiento para paliar tanto el incremento del gasto como la caída de recaudación tributaria, se ha conseguido reducir las partidas de intereses de deuda y préstamos en casi 5 millones de euros por los bajos tipos de interés a los que se han obtenido los nuevos préstamos.

Por eso Saiz dice que en 2021 se continuará con la política de refinanciar a bajo coste operaciones que se concertaron a mayores tipos de interés, siempre que conlleven un ahorro financiero, y, por eso, en la partida de amortización de préstamos, se han presupuestado 125 millones por encima de los vencimientos ordinarios.

El objetivo es seguir buscando las mejores condiciones de financiación tanto a corto como a largo plazo, y para ello se estudiarán nuevas formas de trabajo a través de operaciones públicas o emisión de pagarés, entre otras.

Por otro lado, la consejera indica que se seguirá impulsando la financiación sostenible, proyecto iniciado en 2019 y alineado con la Agenda 2030.

Finalmente, en materia de control interno, se pretende garantizar los estándares de calidad exigibles en la gestión económico-financiera, tanto en lo que se refiere a las actuaciones propias de la Administración como de las sociedades públicas y entidades vinculadas.

Y en este sentido se considera esencial que la labor de control interno se realice por personal especializado, por lo que se va a impulsar la formación continua.

Además, en materia contable, está previsto acometer actuaciones que responden a recomendaciones específicas formuladas por la Cámara de Comptos y orientadas a la implantación del Plan General de Contabilidad Pública, generando efectos positivos.

Así, una vez implantado el tratamiento contable recogido en el Plan a los terrenos e inmuebles, ahora se busca extender este tratamiento al equipamiento médico y se desarrollar procedimientos de gestión de fondos a justificar adaptados a la normativa del Plan.

Adicionalmente, se configurará un mecanismo que permita integrar flujos de cobros generados por sistemas digitales (tarjetas, banca electrónica) con el sistema de gestión económica.