- El Consejo de Ministros aprobó la modificación del Real Decreto-Ley de 11.000 millones que contempla ayudas directas a pymes y autónomos para que las comunidades autónomas tengan un margen de flexibilidad adicional a la hora de ampliar a qué sectores y empresas conceder los fondos, incluyéndose la posibilidad de dar ayudas a empresas viables pero con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas. Así los anuncio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Es así, que el Gobierno permitirá a las CCAA puedan incluir sectores de su territorio que se hayan visto afectados, como es el caso del calzado y el vino en algunas regiones. Además, dará la posibilidad a empresas “viables” que hayan sufrido perdidas en 2019 por “circunstancias especiales”, puedan acceder a dichas ayudas.

La modificación incluida permitirá a las comunidades y a las ciudades de Ceuta y Melilla que, dentro de la asignación establecida para cada una de ellas, puedan incluir como beneficiarios de estas ayudas a otros sectores, adicionales a los 95 recogidos en el Anexo I del citado Real Decreto-ley, que se hayan visto particularmente afectados por la pandemia. Esos 95 sectores se establecieron aplicando “criterios objetivos”, según aseguró Montero, basados en el efecto de la pandemia en el empleo de cada sector.

Además, se permitirá aplazar dos años las deudas no tributarias ni aduaneras que se tramiten en las delegaciones de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas.

Este nuevo mecanismo -que podrá solicitarse en los ejercicios 2021 y 2022 con independencia del periodo al que se refiera- permitirá aplazar las deudas un máximo de dos años desde su vencimiento y, una vez cumplido este plazo, fraccionar el pago a lo largo de otros dos años.

Según Montero, lo que se pretende con esta modificación es “agilizar” los aplazamientos para “garantizar la liquidez y solvencia de las empresas”.

Esta nueva medida afecta a las deudas derivadas del reintegro o desembolso de ayudas o préstamos concedidos por la Administración General del Estado (AGE) y distribuidas en las CCAA a las que se habilita para conceder los periodos de carencia.

Montero descartó que alguna comunidad autónoma se niegue a firmar el convenio, algo que vería “escandaloso” y que llevaría al Gobierno a actuar para no dejar “ninguna empresa atrás”.

Hacienda envió los convenios a todas las comunidades y, una vez firmados, se transferirán los recursos en un plazo máximo de 10 días.

Las primeras comunidades en firmar el convenio. Extremadura y Castilla-La Mancha han devuelto ya la documentación firmada. Por tanto, próximamente pasará a figurar en el BOE y que así puedan recibir las ayudas de manera inmediata.

No se contempla que alguna comunidad se “descuelgue”. Montero no ve previsible que alguna comunidad no firme el documento. En el caso de que eso ocurra, el Gobierno tiene previsto no dejar a ninguna empresa afectada sin posibilidad de recibir la prestación.