La Función Pública es un laberinto en el que no siempre resulta sencillo orientarse. La ocupación de más de 47.000 personas en Navarra y donde la diversidad de puestos, funciones y tipologías de contratos, así como la obligación de garantizar el acceso al empleo en igualdad de condiciones enmaraña y alargar los procesos de selección. Y donde una década larga de restricciones presupuestarias -la nueva normalidad era en realidad esto- amenaza con convertir al trabajador fijo y funcionario en una especie minoritaria dentro de la Administración Foral. Pagar a este tipo de trabajador apenas supone ya el 53% del gasto total del Gobierno.

No siempre ha sido así. Hace apenas una década, cuando los efectos de los recortes, apenas se dejaban sentir, pagar a los trabajadores fijos suponía el 72% de las retribuciones por puesto que abona el Gobierno de Navarra. Según la información disponible en su portal de datos abiertos, la retribución a los trabajadores fijos no solo no ha crecido en este tiempo, sino que incluso ha disminuido. En 2011, el Gobierno de Navarra abonó 522 millones de euros a estos trabajadores, una cifra que no ha dejado de reducirse hasta los apenas 481 millones gastados finalmente en el ejercicio 2020.

Ha sucedido todo lo contrario en el caso de las retribuciones totales que recibe el personal contratado, que se han duplicado ampliamente y han pasado de los 79 millones de 2011 a los más de 197 millones de euros del año pasado. E igualmente llamativo resulta el incremento del coste del personal contratado en plazas de plantilla orgánica (de apenas 74 millones a más de 152 millones).

LAB, primer sindicato de la Administración Foral, tiene claro el diagnóstico de la situación. “La imposición desde Madrid de limitar la tasa de reposición ha llevado a un aumento exponencial de las plazas que son cubiertas por personal contratado temporal en lugar de ser ocupadas por personal fijo”, explica el sindicato, que tiene claro también el remedio a esta situación: “Una OPE masiva, de unas 10.000 plazas. Pero antes de hacer esa convocatoria masiva es necesario, además, sacar a la luz todas las plazas camufladas como estructurales y que pasen a ser plazas de plantilla para que puedan también ser cubiertas por personal funcionario”.

El problema no es exclusivo de Navarra, que cuenta con unos 10.000 trabajadores públicos más que a comienzos de siglo y 5.000 más que hace una década, pero sí resulta especialmente grave en una comunidad donde el gasto de personal se come alrededor de un 30% del presupuesto total. La tasa de temporalidad en el sector alcanzar el 43,1%, la más alta de todo el Estado, y tres puntos por encima de la que registraba a finales de 2020 la otra comunidad con Hacienda propia: el País Vasco Entre las mujeres, la tasa de temporalidad resulta todavía más alta y rozaba ya el 52% en 2020. Ha subido más de 20 puntos en la última década.

LAB explica que la OPE masiva que reclama para reducir la temporalidad deberá ser realizada “con criterios adecuados a las necesidades de los puestos a cubrir”. “Es decir, las pruebas deben estar adaptadas al puesto, y no exigir conocimientos teóricos que jamás van a necesitarse para el desarrollo del trabajo. Es absurdo a día de hoy exigir de manera memorística conocimientos que nunca se han necesitado en los puestos de trabajo, que nadie ha necesitado saber nunca y que, si hiciera falta, están a disposición con sólo una tecla en internet”.