El gasto en pensiones en el Estado español ha alcanzado en agosto un nuevo récord con nada menos que 10.217 millones de euros... al mes, un 3,1% más. Una enormidad que va a seguir creciendo porque a partir de 2025 se empezará a jubilar la generación más numerosa de la historia del Estado español, la del baby-boom, los nacidos en los años 60 del siglo pasado, y el resultado es que se pasará de las 9,8 millones de pensiones actuales a 16,5 millones en 2050, según prevé Airef.

El resultado, en un escenario optimista, es que el gasto en pensiones pasará del actual 10,9% del PIB español a, al menos, el 14,2%. De ahí que el Gobierno español quiera controlar el gasto futuro para asegurar la sostenibilidad de un sistema de reparto como el español. Y tras aprobar días pasados los primeros puntos de la reforma de pensiones, -los ya conocidos de revalorización con el IPC o mayores penalizaciones por jubilarse antes de los 67 años-, le falta ahora el punto clave de la reforma: fijar, antes de fin de año, el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que supondrá el verdadero ajuste de las pensiones para poder afrontar su sostenibilidad futura.

El Ejecutivo PSOE-Podemos se ha apuntado el tanto electoral para sus bases de derogar la reforma de pensiones del PP y quitar el factor de sostenibilidad, una fórmula que aprobó el Ejecutivo del PP en 2013 y que ajustaba la prestación de jubilación en función del aumento de la esperanza de vida. Ello suponía un notable recorte de las pensiones futuras aunque todavía no había entrado en vigor. Pues bien la realidad es que el Gobierno Sánchez va a tener que poner en marcha un mecanismo análogo porque los números no dan, y no dan porque la esperanza de vida, afortunadamente, sigue creciendo y ha pasado de 73,5 años en 1991 a 83,2 años en 2019, antes del covid. Y porque cada vez hay menos trabajadores por cada pensionista, en la actualidad 2 personas en activo por cada pensión en el conjunto del Estado pero mucho peor en Euskadi, con 1,8 trabajadores por cada jubilado.

En este contexto, el Gobierno se enfrenta ahora al verdadero problema del sistema de pensiones que es el reemplazar el factor de sostenibilidad de las pensiones del PP por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Otro nombre para buscar básicamente lo mismo, ajustar el gasto en pensiones porque aumentar los ingresos se antoja complicado con el actual sistema económico español basado en sectores de salarios bajos, como el turismo, y con un colectivo de trabajadores en activo reducido y sin visos de crecer vista la baja tasa de natalidad española.

“En sustitución del factor de sostenibilidad se establecerá, previa negociación en el marco del diálogo social, un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”, se señala en el borrador del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones y este es el punto fundamental del verdadero ajuste del sistema de pensiones que viene .

A la espera de conocer el futuro texto, fuentes próximas al Gobierno señalan que el factor de sostenibilidad del PP sólo se centraba en ajustar la cuantía de la pensión y que, por lo tanto, penalizaba exclusivamente a las personas jubilada. Por ello, el nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional quiere incluir otros aspectos como la edad futura de jubilación, -en Alemania ya han puesto sobre la mesa del debate elevarla a 70 años-, los años que hay que trabajar para ganar el derecho a una pensión, los incentivos y penalizaciones para alargar la vida laboral etc.

El Ejecutivo no quiere cargar en solitario con la repercusión de adoptar medidas necesarias pero impopulares y señala que el diseño del nuevo modelo está abierto a las discusiones con los sindicatos y la patronal. En el peor de los casos ante el muy probable desacuerdo entre los agentes sociales, tendrá que sacar el ajuste en solitario con la excusa de que lo pide Bruselas.

Y no, Bruselas no dice a España como tienen que ser las pensiones, lo que le preocupa a Europa es que el gasto en pensiones se desboque y España tenga problemas para devolver a sus prestamistas internacionales una deuda pública que ha pasado de 384.662 millones de euros en 2007, 8.423 euros por persona, a 1.345.440 millones de euros, unos 28.388 euros por ciudadano, en 2020.

La idea es que el nuevo instrumento ayude a amortiguar el aumento de gasto en pensiones que ocasionará la jubilación del baby boom.

Pensionistas. Con la jubilación de la generación del baby-boom, el número de pensionistas pasará de 9,8 millones hoy a 16,5 millones en 2050.

Esperanza de vida. En 1991 era de 73,5 años; en 2019, de 83,2; y la previsión es de 86,8, en 2050, según Airef.

142%

El gasto en pensiones pasará del 10,9% del PIB de España al 14,2% en el año 2050.