- La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, rechazó ayer jueves la propuesta del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de implantar un salario mínimo interprofesional (SMI) que se amolde a cada territorio, y expresó su confianza en que la patronal respalde finalmente la subida del SMI que se negocia en el marco del diálogo social.

Montero, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, señaló que sería muy complejo establecer un SMI por territorios y subrayó que la regulación estatal es la que debe primar en todo el país, más allá de la capacidad de la negociación colectiva para mejorar el salario mínimo.

“No sería conveniente hacer distingos añadidos en relación al territorio porque hay que garantizar que los trabajadores tengan unas condiciones laborales mínimas, dignas, desarrollen su actividad donde la desarrollen”, defendió.

En cualquier caso, Montero confía en que se consiga un acuerdo con los agentes sociales para la subida del SMI y que la CEOE logre en la negociación “un equilibrio adecuado” entre el crecimiento del empleo y la mejora de unas condiciones laborales, que afectarían sobre todo a jóvenes, mujeres y trabajadores con contrato temporal.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, había abogado previamente por evaluar un cambio legislativo que permita aplicar salarios mínimos interprofesionales (SMI) diferenciados por territorios, para adaptar este indicador a una “España diversa” como ya se hace en la negociación colectiva.

“Sí creo que hay que evaluar un SMI que se acoplara a cada uno de los territorios de este país”, afirmó Garamendi en declaraciones a Capital Radio, donde recordó que la negociación colectiva entre patronales y sindicatos varía en función de los territorios, ya que no aplican las mismas condiciones salariales en el convenio del metal del País Vasco que en otras comunidades.

Asimismo, recordó que el alza del SMI no le cuesta nada al Estado, dado que las administraciones no actualizan conforme a su evolución los contratos suscritos con empresas adjudicatarias.

“El Gobierno está muy tranquilo diciendo que hay que subirlo, pero al Estado le cuesta cero subir el salario mínimo”, aseguró Garamendi, que insistió en la negativa de las organizaciones empresariales a subir el SMI para lo que resta de 2021.

“Que la gente se ponga en la piel de gente muy humilde que son empresarios”, afirmó, al tiempo que recalcaba que el salario mínimo no afecta a las empresas del IBEX ni a la mayoría de sectores que se encuentran bajo el paraguas de la negociación colectiva, sino que afecta fundamentalmente al sector agrario que aún atraviesa importantes dificultades.

“En los últimos tres años el SMI ha subido el 30%. Nadie dice que no haya que subirlo, solo decimos que no es el momento”, añadió el presidente de CEOE, partidario de analizar una senda en el tiempo.

También desde el Gobierno español, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, descartó establecer un salario mínimo interprofesional (SMI) diferenciado por territorios, porque “tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado”.

“Yo creo que esto es por completo ajeno a la tradición jurídica y política de nuestro país y que tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado. Un valor tan reclamado por las organizaciones patronales podría sufrir en términos de un salario mínimo diferenciado por territorios”, afirmó en la rueda de prensa para explicar los datos de desempleo de agosto.