El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de hoy, un acuerdo por el que se asume el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como el de conducta y principios éticos de las y los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, se aprueba el modelo de Plan de medidas antifraude en el marco de la gestión de los proyectos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha indicado que “el plan aprobado se constituye como un patrón con el que los departamentos puedan construir rápidamente su propio traje adaptado a la realidad organizativa en la que se desenvuelve su actividad y las características concretas de los instrumentos de gestión que utilizan.”
Este compromiso, según Saiz, “redunda en el firme propósito de este Gobierno de trabajar con la máxima transparencia en todo lo relativo a la toma de decisiones en torno a la llegada de los fondos europeos del Mecanismo de recuperación y Resiliencia, por otro lado, la iniciativa que hoy se ha aprobado ha de servir también para ofrecer tranquilidad a la ciudadanía en el convencimiento de que todas las herramientas para que se cumpla la legalidad están activadas”.
El texto aprobado hoy responde a la obligación marcada por Europa, para las Entidades Ejecutoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de aprobar un Plan de Medidas Antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Cada departamento del Gobierno de Navarra deberá formular un Plan de Medidas Antifraude van a responder a un esquema de diseño común que garantice un tratamiento homogéneo de las situaciones que pueden ser fuente de fraude, corrupción o conflicto de intereses. Ello permitirá aplicar criterios estándar para evaluar la calidad de los sistemas de gestión existentes en el ámbito de cada departamento, permitiendo la adopción de medidas correctoras o procedimientos específicos de control adaptadas a situaciones concretas. Así, para la definición de la estructura y contenido de los planes departamentales se ha partido de las Orientaciones elaboradas al respecto por la Secretaría General de Fondos Europeos, y se plantea la utilización de las herramientas metodológicas de análisis de riesgo de fraude que ya vienen siendo empleadas por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo.
Además, en paralelo a este acuerdo, el Gobierno de Navarra ha aprobado una declaración institucional en la que afirma su compromiso con los principios éticos y de conducta contemplados en el Código de Buen Gobierno aprobado por la Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, desarrollando su labor conforme al ordenamiento jurídico y respetando el principio de legalidad, mostrando así su radical oposición al fraude y a la corrupción en el ejercicio de sus funciones.
Por eso, y por el compromiso señalado en la Declaración Institucional en cuanto a la “tolerancia cero” con el fraude y la corrupción, desde el Gobierno de Navarra se explica que las medidas de lucha contra el fraude deben establecerse con una perspectiva evolutiva y con vocación de adaptación a los cambios que pueden darse, tanto en la propia realidad sobre la que se opera como en la capacidad de respuesta de la Administración para establecer sistemas más eficientes, en la que la tecnología debe jugar un papel protagonista.
