La cara más visible de la huelga de transportistas es Manuel Hernández. Los vídeos que publica en redes sociales en los que reivindica los derechos de los transportistas y en los que hace llamamientos a los paros acumulan miles de reproducciones y en muchos casos se han hecho virales. Pero, ¿quién es Manuel Hernández?
Lo cierto es que el presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte no dispone de camión alguno. Era el dueño de Transportes Manolín, una empresa familiar que heredó de su padre y que se fue a pique en 2018. Ese año entró en concurso de acreedores tras registrar unas ganancias en 2017 de 22.255,43 euros, una facturación de 812.208,49 euros y deudas que ascendían a 308.762,77 euros.
Desde las redes sociales se le acusó de hacer quebrar a su empresa por no pagar ni a los camioneros ni a los acreedores. Él siempre lo ha negado y ha asegurado que "me obligaron a bajarme del camión".
"Lamentablemente, seguimos con el paro"
Manuel Hernández mantiene su pulso con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. La plataforma que preside, integrada en su mayoría por transportistas autónomos y pymes, decidió el pasado viernes continuar con el paro tras reunirse con Sánchez.
"Lamentablemente, seguimos con el paro", dijo a la prensa Hernández, quien se había comprometido a volver al trabajo si el Gobierno español garantizaba que se adoptarían medidas para que los profesionales pueden cubrir lo que les cuesta trabajar.
Según Hernández, la ministra ha dicho que lo harán a través de un "borrador de ley" en los dos o tres próximos meses y que hasta entonces no puede aprobar un decreto ley transitorio para garantizar el cobro por encima de costes, lo que llevó a los transportistas a mantener el paro.
En declaraciones a Efe, Hernández explicó que si la ley no puede aprobarse hasta el verano, es necesario articular un decreto que de alguna manera proteja las necesidades del sector que posteriormente cubrirá en su totalidad la ley.
"Se nos dice que no hay posibilidades de que ese decreto se pueda articular en estos días y tampoco nos han dado ningún tipo de plazo, directamente nos dicen que hay que esperar a que la ley entre en vigor, y nosotros no podemos durante tres o cuatro meses estar pagando 2.000 euros por trabajar al mes", lamentó Hernández.
Entre las medidas transitorias que solicitan los transportistas, Hernández reclama que se pueda denunciar al cargador que pague por debajo de costes sin tener que entrar en demandas que terminan durando "4 o 5 años".
