- La sección tercera de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso presentado por la UTE GM Sanco en relación a la decisión de Nasuvinsa de rescindir el contrato de la Ciudad del Transporte heredado de UPN y que suponía cuantiosas pérdidas para el erario público.

En la sentencia, ante la que cabe recurso de casación y ante el Supremo, la Audiencia tumba los argumentos aportados por la UTE, quien consideraba que el pronunciamiento suponía una extralimitación en relación con el objeto del pleito y que cuestionaba asimismo que la liquidación del contrato de la tercera fase fuera realizada por un arquitecto designado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN).

El asunto tiene su miga para la empresa pública navarra, que se veía atada por un contrato de 2006 que le obligaba a recomprar los terrenos no comercializados por la empresa concesionaria de la tercera fase de la Ciudad del Transporte. Esta firma (la UTE GM Sanco) había dejado de abonar el canon estipulado al Gobierno de Navarra. La sociedad pública cifraba en 7,4 millones de euros la cantidad no abonada por la UTE, a lo que habría que añadir 1,68 millones de euros en intereses por los atrasos acumulados desde 2012, así como 816.005 euros por gastos de comunidad.

Sin comercializar los terrenos, la UTE estaba esperando simplemente a que el calendario alcanzara 2021, momento en el que el Gobierno de Navarra habría tenido que pagar 25 millones de euros por los derechos sobre el suelo. Con ese dinero, habría podido abonar en su caso el canon, pero habría causado un perjuicio económico muy relevante a Nasuvinsa, que con la llegada de Geroa Bai al Gobierno y de José Mari Aierdi a la dirección general de la empresa decidió rescindir el contrato y ha sido defendida legalmente en este proceso por Martín Zudaire.

“En realidad -dice la sentencia- quien ha pretendido introducir en el proceso un contenido de las operaciones de liquidación, de modo incoherente con haberse opuesto a la resolución contractual, es la UTE Sanco GM. Y ello porque, en el fondo, previó no invertir más en la tercera fase y que quedase el conflicto en los precios de la obra ejecutada”.