Cientos de pensionistas de distintas regiones del Estado, unos 5.000 según la delegación del Gobierno de Madrid, se manifestaron ayer en la capital española contra la “privatización” de las pensiones y contra quienes quieren hacer “negocio” con ellas. Además, reclamaron la subida de los salarios y de las prestaciones con el IPC real, así como el cumplimiento de la Ley de Auditoría en la Seguridad Social.
Ataviados con chalecos fosforescentes, los asistentes a la marcha, que partió desde la plaza de Neptuno y recorrió Cibeles hasta llegar a la Puerta del Sol, corearon consignas como “gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden” y cánticos contra la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
También portaron carteles con lemas como “jubilación anticipada sin penalización”, “no a los planes de pensiones de empresas”, “no más precariedad” o “sanidad pública y de calidad”, todo ello entre un mar de banderas palestinas, republicanas, de Euskadi o Catalunya.
A la cabeza de la protesta, organizada por quinto año por ocho asociaciones en defensa de los pensionistas, Ramón Franquesa, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), advirtió de que los fondos privados “intentan llevar a la quiebra” el sistema de prestaciones de la Seguridad Social.
“No vamos a permitir que se utilicen mecanismos, como los convenios colectivos, para desviar las cotizaciones que se aportan a la Seguridad Social a los fondos privados de pensiones. Si quieren hacer negocio, que lo hagan, pero de manera voluntaria con la gente, no sacando recursos de la Seguridad Social”, subrayó.
Al mismo tiempo, reclamó acabar con la brecha de género en el acceso a las prestaciones, que genera una situación de “pobreza estructural para tres millones de mujeres pensionistas” debido a que el sistema “no reconoce la situación particular de la mujer en la acumulación del derecho a pensión” y “la penaliza cuando se convierte en viuda”.
Auditoría a la Seguridad Social
El portavoz pidió la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para terminar con el relato “falso” de que el sistema público “no es sostenible”. “Tenemos un sistema público que es solvente, que tiene más cotizantes que nunca en el pasado, que podría con sus ingresos mejorar las condiciones de vida de diez millones de pensionistas, especialmente los que cobran una pensión muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La auditoría no se realiza para no evidenciar que todo ese relato de la insuficiencia del sistema es falso”, valoró.
Por su parte, el portavoz de la asociación Asjubi40, Santiago Menchero, puso en valor la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados por Podemos en la que piden eliminar los coeficientes reductores en la pensión de jubilación de personas que hayan cotizado 40 o más años, aunque la soliciten de manera anticipada.
La formación morada señaló que la aplicación de estos coeficientes a los jubilados con largas carreras de cotización supone una “injusticia con efectos muy negativos”, puesto que acaban recibiendo una pensión inferior a la de una persona que tenga cotizaciones inferiores.
EN CORTO
Podemos secunda el acto. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández secundó las reclamaciones de los asistentes a la manifestación al reivindicar “pensiones dignas” y “un blindaje en la constitución” para la revalorización de las prestaciones conforme al IPC real. “Demandamos una auditoría de la Seguridad Social para saber qué se está destinando y a qué fin. Nos tememos que la Seguridad Social está destinando dinero no a las pensiones, sino a otras cuestiones”, añadió.
