Las cotizaciones de los 313.000 trabajadores navarros ocupados actualmente no bastan para pagar las prestaciones de los aproximadamente 133.000 pensionistas con los que cuenta en estos momentos la Comunidad Foral. De hecho, a pesar de la mejoría del empleo, este déficit primario del sistema público no deja de crecer y alcanzó en 2023 el volumen más elevado de su historia: faltan unos 375 millones de euros.
Este desequilibrio estructural no es nuevo. Por su propia estructura demográfica y económica, Navarra fue durante muchos años una comunidad que aportaba a la Seguridad Social más de lo que recibía. Así era, por ejemplo, durante la primera década de este siglo, cuando la comunidad disfrutaba de pleno empleo y de una nómina de pensionistas que rondaba las 100.000 personas. Mientras otros territorios más envejecidos o menos prósperos ya acusaban un claro déficit, Navarra podía presumir de superávit teórico –todas las cotizaciones acaban en una caja única– que sin embargo no iba a durar para siempre.
A partir de 2009, la situación dio un giro. La intensa pérdida de empleo iniciada a finales de 2008 y que se prolongó hasta 2014 se vio acompañada de un aumento paulatino de la nómina de pensionistas, que ha aumentado cerca de un 30% en las dos últimas décadas. Todo ello comenzó a dejar en rojo los números de la Seguridad Social.
Primero en el conjunto de España, donde la hucha generada en los años de bonanza se consumió pronto y hoy es obligatorio recurrir a la deuda, y posteriormente en Navarra, a quien no le basta contar con una de las menores tasas de paro del país y unos salarios algo más altos que la media. En la última década, la Seguridad Social ha pagado en pensiones en Navarra unos 2.000 millones de euros más de lo que ha ingresado en cotizaciones sociales.
De hecho, en los últimos años Navarra ha ido mejorando un indicador muy relevante, el que compara el número de pensionistas con el de trabajadores. Navarra cuenta ahora mismo con 235 trabajadores por cada 100 pensionistas (eran 210 hace una década), insuficientes en todo caso para cubrir el 100% de los gastos. Serían necesarios unos 45.000 trabajadores más, o mejorar de manera sustancial los salarios, y por tanto las cotizaciones, de los actuales.
Los 375 millones de déficit básico de la Seguridad Social suponen un 16% respecto a los ingresos, una cifra muy similar a la del conjunto de España, donde se pagaron en 2023 unos 22.000 millones de euros más de lo recaudado a partir de las nóminas y las cotizaciones que pagan empresas, autónomos y trabajadores.
El sur, mejor que el norte
Al contrario de lo que sucede en el mercado de trabajo, donde el norte de España cuenta en general con mejores datos de ocupación y empleo que los territorios del sur, la distribución de los ingresos y gastos es mucho más irregular. Madrid es el territorio que cuenta con el mayor superávit total, más de 3.600 millones de euros, gracias no solo a una estructura de población algo más joven, sino también a la presencia de abundantes nóminas (públicas y privadas) muy altas.
Junto a la región capitalina, Baleares presenta el mayor superávit relativo, por delante de otros territorios donde se combinan prestaciones medias relativamente bajas, como Murcia y Almería, con una estructura poblacional favorable. También Canarias y Málaga recaudan ya algo más de lo que pagan en pensiones.
Por el contrario, ningún territorio de la mitad norte de España paga menos de lo que gasta. Asturias acumula el mayor déficit relativo entre las comunidades autónomas (cerca ya de 3.100 millones de euros), seguida de la Comunidad Autónoma Vasca, especialmente envejecida, donde solo Bizkaia paga unos 2.000 millones más de lo que recauda. En Gipuzkoa, el déficit ya supera los 1.000 millones. –
