El consorcio vasco que negocia la compra del 29,7% de las acciones de Talgo sigue trabajando para terminar con éxito cuanto antes una operación que, según los cálculos expresados la semana pasada por el Departamento de Industria del Ejecutivo vasco, podría quedar cerrada a finales de mes en lo que se refiere al apartado financiero, el más espinoso hasta el momento.
Aunque hoy concluye el primer plazo para la adquisición de casi un tercio del accionariado del constructor ferroviario, existe un plazo de prórroga de un mes establecido en febrero entre la sociedad Trilantic, poseedora de ese capital, y el consorcio, del que forman parte Sidenor, el fondo Finkatuz del Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital. La prórroga es de un mes y ambas partes van a hacer uso de ella, aunque la solución podría llegar antes.
El pasado 14 de febrero, el consorcio vasco y el fondo de inversión Trilantic alcanzaron un acuerdo verbal para la compra de las acciones por un valor de 184 millones de euros. Las condiciones pactadas en ese principio de acuerdo incorporaban una actualización de la primera oferta que el consorcio vasco había trasladado a Trilantic, de forma que se elevaba el precio hasta un máximo de 5 euros por título.
El precio está estructurado en dos tramos. Por un lado, un primer tramo fijo de precio por acción de 4,15 euros y, por otro, un segundo tramo variable de precio por acción de 0,85 euros y que dependerá, en todo caso, del cumplimiento por parte de Talgo de “determinadas magnitudes financieras” en los ejercicios 2027 y 2028, tal y como se anunció en el comunicado oficial de entonces.
Pese a que en un principio se barajaba que los flecos de la negociación se cerrasen en dos o tres semanas, lo cierto es que los escollos se han ido acumulando y la fecha final ha tenido que postergarse. De hecho, a pesar de que han transcurrido tres meses desde que se alcanzó ese pacto, la sociedad Trilantic no ha hecho oficial ningún pronunciamiento sobre el mismo.
Por un lado, las entidades financieras exigen al consorcio comprador garantías en la operación, en la que tampoco se descarta la participación de la SEPI o incluso el aval del ICO, según informa la agencia Efe. Pero, sin duda, el gran obstáculo lo constituye la forma y los plazos del pago de la multa de 116 millones de euros que Renfe impuso a Talgo por retrasos en las entregas de las unidades Avril. Se trata de un aspecto nuclear en toda la negociación, tal y como re conoció el presidente de Talgo, Carlos Palacio, en la carta que envió el pasado mes al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.
En la carta, el presidente de Talgo pedía a su homólogo en Renfe “abordar” la multa, porque “el escenario actual no satisface a los bancos y afecta directamente a los esquemas de financiación que estamos analizando” y podría acabar “con la historia de una empresa industrial y tecnológica española de vanguardia”. Inicialmente, Renfe ofreció no ejecutar esta sanción hasta 2031 y fraccionarla hasta en siete años, aunque Talgo tuvo que provisionar esta cantidad en sus resultados de 2024, lo que le llevó a registrar unas pérdidas de 107,9 millones, frente a las ganancias de 12,2 millones en 2023.
En cualquier caso, la semana pasada el consejero de Industria, Mikel Jauregi, señaló que el Ejecutivo confía en que el cambio de accionistas en Talgo se produzca en junio tras cerrar el apartado financiero para finales de este mes de mayo. El fondo público Finkatuz, destinado a la inversión estratégica para el arraigo empresarial y laboral en la CAV, aporta 45 millones al consorcio, la misma cantidad que Sidenor y la Fundación BBK, en tanto que la Fundación Vital inyecta 20. En este momento, precisó, se está en “la fase de acordar la financiación que Talgo necesita para su plan industrial” y, una vez que concluya, se podrá “ya cerrar el acuerdo con los accionistas de la venta de sus acciones al consorcio vasco”.
“Vamos por buen camino, hay que cubrir los plazos y la hoja de ruta”, dijo el consejero, que admitió que “nos ha llevado más tiempo” del previsto, especialmente en lo referente a las condiciones de la multa. Esta semana, la sección de CC.OO en Talgo expresó su “gran preocupación” por el “rumbo” y el “estado actual” de la empresa, denunciando la “falta de transparencia” de la dirección, tanto en lo que concierne a la gestión como al traspaso accionarial y la negociación con Renfe.
