La plantilla de la residencia Benito Menni de Elizondo ha iniciado diez días de huelga para insistir a la dirección en la reapertura del edificio que cerró el año pasado, medida que provocó el despido de trabajadoras y la recolocación de más de una treintena de residentes. Ha instado a la empresa a que se siente a negociar y ha interpelado al Gobierno para que "tome cartas en el asunto" al estar en juego dinero público.
Desde este lunes y hasta el martes 28 de mayo, están convocados estos paros para denunciar "la actitud de la empresa y del Gobierno de Navarra" ante este conflicto laboral. ELA ha informado mediante una nota de prensa de que con estas movilizaciones las trabajadoras y trabajadores van a sumar ya 36 jornadas de huelga.
Bloqueado el convenio
"Desde el inicio del conflicto en noviembre, la dirección no se ha sentado a mantener una reunión donde abordar la situación generada; y además, tiene totalmente bloqueada la negociación del convenio", ha manifestado ELA.
Este martes, personas huelguistas van a protagonizar una concentración a las 11.00 horas frente al departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, en Pamplona.
Cómo surgió
El sindicato ha relatado que "la empresa Hermanas Hospitalarias, con autorización del Gobierno de Navarra, decidió cerrar uno de los tres edificios que tiene el centro Benito Menni en Elizondo".
"Con motivo de incrementar aún más los beneficios, la empresa reubicó a 36 usuarios y usuarias que había en ese edificio; empeoró la calidad del servicio prestado; despidió a parte de la plantilla, con impacto en la comarca de Baztan; y deterioró condiciones laborales o alteró funciones de empleados", ha especificado.
El cuidado, un servicio público
Este sindicato ha remarcado que "el cuidado a la población con problemas de salud mental debe ser un servicio público, actividad que esta empresa desarrolla en su centro hospitalario". Así, "el Gobierno de Navarra prefiere subcontratar este servicio a empresas que priorizan el negocio", ha dicho.
Por ese motivo, ELA ha reivindicado que "el dinero público debe utilizarse para garantizar un servicio de calidad y unas buenas condiciones laborales y para frenar la despoblación de la comarca".
