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Denuncian en Navarra la situación "insostenible" de un trabajador que arrastra una deuda hipotecaria de 87.000 euros

Osakpamwan Imade fue desahuciado en marzo de 2009 | El Banco Santander, acreedor original, obtuvo 94.513 euros por la venta del inmueble y luego vendió la deuda a la empresa Axactor España S.L.

Denuncian en Navarra la situación "insostenible" de un trabajador que arrastra una deuda hipotecaria de 87.000 eurosUnai Beroiz

El sindicato LAB ha alzado la voz para denunciar "la precariedad que afecta a la clase trabajadora" en su acceso a la vivienda en Navarra. Durante una concentración que ha tenido lugar este miércoles, han hecho pública la situación de Osakpamwan Imade, un trabajador residente en la Comunidad foral que fue desahuciado en marzo de 2009 y que todavía enfrenta una deuda hipotecaria de 87.000 euros. De esa cantidad, 46.000 euros corresponden al principal y 42.150 euros a intereses.

Desde LAB apuntan que el Banco Santander, acreedor original, obtuvo 94.513 euros por la venta del inmueble y luego vendió la deuda a la empresa Axactor España S.L. en lo que consideran "un claro reflejo de las consecuencias económicas que aún sufren muchas personas afectadas por la crisis inmobiliaria". En el marco de la protesta, han entregado una carta en una oficina del Banco Santander solicitando la cancelación de la deuda de Imade.

Por otro lado, representantes sindicales han explicado que, además de ofrecer asesoramiento a sus afiliados, también impulsarán acciones colectivas para abordar la problemática habitacional. Según han declarado, la situación de la vivienda “lejos de mejorar, se ha agravado desde la crisis inmobiliaria de 2008”, un momento en el que, como recuerdan, “miles de familias trabajadoras perdieron sus hogares mientras las entidades financieras fueron rescatadas con dinero público”.

“Si la banca fue rescatada, las personas también deben ser rescatadas”, han afirmado. El sindicato ha exigido una revisión de las políticas de vivienda y ha solicitado medidas que frenen la especulación en el sector. Asimismo, han instado a las administraciones públicas y a las entidades financieras a buscar soluciones que permitan reducir los precios de la vivienda y garantizar el acceso a un alojamiento digno para la población trabajadora.