El Gobierno español mantiene su oferta salarial del 11% para funcionarios y promete un alza del 2,5% en diciembre
Función Pública volverá a reunirse con los sindicatos el próximo miércoles a las 18.00 horas para seguir negociando
El Ministerio de Función Pública ha mantenido su oferta de subida salarial del 11% para los funcionarios en el periodo 2025-2028 en la reunión celebrada esta tarde con CCOO, UGT y CSIF, pero se ha comprometido a aprobar un Real Decreto-Ley este mes para abonar en diciembre un alza salarial del 2,5%, correspondiente al ejercicio 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, según fuentes sindicales.
La subida del 11% sería fija, es decir, sin componentes variables como en el acuerdo anterior. Según CCOO, el deslizamiento de las tablas salariales podría elevar el incremento total al 11,45% entre 2025 y 2028.
López defiende que la oferta salarial del 11% para los funcionarios garantiza el poder adquisitivo
El principal escollo para el acuerdo, según CCOO, se encuentra en el porcentaje de subida para 2025 y 2026, que el Gobierno topa en un 4% para cada ejercicio, algo que el sindicato considera “insuficiente”.
“CCOO continuará en la negociación por responsabilidad y porque confía en que hay margen para un punto de encuentro, aunque no se descarta ningún escenario si persiste el inmovilismo del Gobierno, como retomar movilizaciones o convocar una huelga en todo el ámbito público”, ha advertido en un comunicado.
Las negociaciones continuarán el miércoles
Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles a las 18:00 horas para seguir negociando.
El encuentro de este lunes, maratoniano —más de cinco horas—, ha estado presidido por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y se enmarca en las negociaciones abiertas para acordar un marco plurianual con mejoras salariales y laborales para los más de tres millones de empleados públicos. El último acuerdo salarial entre Gobierno y sindicatos, vigente entre 2022 y 2024, contemplaba subidas con una parte fija y otra variable. Permitió elevar los sueldos de los funcionarios en torno a un 10%, en un contexto en el que la inflación rondaba también el 10%, lo que supuso un gasto cercano a 13.000 millones de euros.
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