Los expedientes de ocho plantas de biometanización, impulsadas por el sector privado este año en Navarra, han quedado suspendidos de manera preventiva tras la moratoria de doce meses aprobada en la Ley Foral 14/2025 del 7 de noviembre para controlar su proliferación. Así se desprende de un informe del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, confeccionado por el Servicio de Economía Circular e Innovación.
El documento aclara que ocho de las 17 iniciativas proyectadas –con gran intensificación en el último año– no van a poder continuar con los trámites porque no cumplen con las condiciones establecidas. Dos de ellas, Catalana de Biogás 6 en Funes-Milagro y B Power Gen XV en Cintruénigo, no van a poder avanzar durante estos meses porque se encuentran en fases muy tempranas y no han completado la parte de información pública.
Los otros seis
Otros seis expedientes no cuentan con todos los informes sectoriales vinculantes favorables, y varios están pendientes de contestar requerimientos de modificación y mejora. Las plantas de biometanización que se encuentran en esta situación son: Ribercorgas en Cortes, con 68.400 toneladas; B Power Gen II en Viana, con 124.500 toneladas; B Power Gen XI en Los Arcos, con 114.500 toneladas; Kambio Navarra I, en Rada-Murillo El Cuende, con 143.000 toneladas; Catalana de Biogás en Artajona, con 100.500 toneladas; y BioRig en Rada-Murillo El Cuende, con 198.000 toneladas. Además, esta última tiene un informe desfavorable de la sección de regadíos por ser incompatible con el Plan Foral de Regadíos.
La moratoria ha dejado en el aire estas ocho plantas, que iban a tratar un total de 748.900 toneladas de residuos cada año –casi el 47% de toneladas proyectadas en las 17 plantas promovidas–. “Todos estos expedientes quedan suspendidos cautelarmente conforme a la normativa vigente”, detalla el informe.
¿Quiénes van a continuar?
En cambio, la moratoria no ha impedido que haya tres proyectos que sigan con la tramitación. En este caso se tratan de los siguientes: la planta de fangos en Tudela, con 170.000 toneladas de tratamiento al año, promovida por la sociedad pública Navarra de Infraestructuras Locales (Nilsa); Biometano Sesma, una planta de biometanización en Sesma-Lodosa para 184.500 toneladas cada año; y AGR Biogás que impulsa un centro de biometanización en Arróniz, con 140.000 toneladas.
Entre las tres acumulan la capacidad de poder tratar casi 500.000 toneladas de residuos anuales.
Las ganaderas
Por último, según fuentes del sector, están a punto de ponerse en marcha la planta de biometanización de la SAT Olagorria, una granja de vacuno en Artajona, para poder tratar sus propios residuos de la explotación ganadera, con una capacidad de 26.100 toneladas anuales. También otras instalaciones se encuentran en la misma situación que Olagorria. En esta caso, se trata de la Cooperativa agropecuaria San Miguel, con una planta de biometanización en su granja en Oskotz, para 12.900 toneladas cada año. Además, casi está a punto el proyecto de Biogasval en Valtierra, un centro para transformar residuos en biogás, con una capacidad para 45.078 toneladas anuales.
De esta forma, ya están en funcionamiento la planta de la SAT Ganadería Etxeberri –Lacturale–, con 15.678 toneladas;y Acción Pauliana, de iniciativa privada, consistente en una planta de biometanización de Martiko en Lerín para tratar 11.190 toneladas cada año.
Por último, la Mancomunidad de la Comarca Pamplona está trabajando en la planta de residuos situada en Imárcoain, con capacidad para tratar 60.874 toneladas cada año.
A la espera de un decreto foral
El incremento de los proyectos de biometanización –que transforman materia orgánica, como purines, residuos alimenticios o industriales, en biogás– ha hecho que el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se haya planteado controlar la implantación de estas iniciativas empresariales en la Comunidad.
El Gobierno foral quiere elaborar un decreto que regule las plantas de biometanización, en base a dos requisitos: compromiso y beneficio sobre el territorio y connivencia social con los proyectos. Esto significa que los centros de tratamiento deberán recoger residuos locales, y una vez transformados que reviertan de manera positiva en el lugar donde desarrollan su actividad; y por otro lado, se busca que estas plantas se implanten en aquellos espacios que no tengan un rechazo de la ciudadanía.