Multan a una inmobiliaria vasca por imponer la compra de muebles como condición para la venta de VPO

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha desestimado el recurso de apelación de una agencia inmobiliaria y ha confirmado la legalidad de la sanción de 45.000 euros que le impuso el Gobierno Vasco por prácticas fraudulentas al imponer la compra de muebles como condición para la venta de viviendas protegidas (VPO).

La sentencia, cuyo contenido ha sido hecho público por el Ejecutivo autonómico, ratifica que condicionar la compraventa de una vivienda protegida a la adquisición obligatoria de mobiliario constituye "un sobreprecio encubierto".

Según los hechos considerados probados, la inmobiliaria exigía el pago íntegro de contratos de muebles como condición indispensable para elevar a escritura pública la venta del inmueble.

Además, se detectó que el inventario de supuestos muebles incluía de forma injustificada elementos que forman parte de la propia estructura de la vivienda, tales como la bañera, el lavabo, el bidé o el inodoro.

Vivienda aboga por "un mercado más sano"

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Ejecutivo vasco ha celebrado esta sentencia del TSJPV, y el consejero, Denis Itxaso, ha criticado las "dinámicas especulativas", que son "las que más dañan" el mercado de la vivienda.

El Gobierno Vasco, ha añadido, aboga por "un mercado más sano, donde lo especulativo no presida las compraventas de las viviendas".

Itxaso ha señalado que, "asumiendo que esas son las reglas del mercado libre de la vivienda", no se puede admitir que "eso suceda con el mercado protegido, que precisamente está pensado para amortiguar los efectos negativos de las dinámicas especulativas del mercado libre".

"En ningún caso podemos aceptar que con vivienda protegida se haga negocio", ha subrayado.

El fallo judicial recuerda que la Ley de Vivienda Vasca prohíbe taxativamente cualquier sobreprecio o percepción de cuantías que alteren el precio máximo permitido en la transmisión de viviendas protegidas.

El tribunal alude a la responsabilidad de los mediadores inmobiliarios y señala que estas agencias tienen la obligación de conocer y respetar los límites administrativos, por lo que no pueden eludir su responsabilidad sancionadora bajo el pretexto de una supuesta "autonomía contractual" para encubrir incrementos de precio.

Destaca también que estas prácticas suponen un ataque a la función social de la vivienda, ya que vender con sobreprecio es contrario al objetivo de garantizar el acceso habitacional a quienes más lo necesitan.

Itxaso ha afirmado que su departamento va a seguir actuando con todas las acciones legales a su alcance para perseguir "acciones fraudulentas que empleen la vivienda protegida para generar plusvalías y enriquecimientos ilícitos a personas que fueron en su día agraciadas con una vivienda protegida con todo lo que eso supone".

El Gobierno Vasco aprecia en esta resolución judicial "un mensaje de firmeza a todos los operadores del sector", ya que sienta un precedente jurídico "fundamental" para la defensa de los derechos de los ciudadanos y la integridad de las políticas públicas de vivienda, y advierte de que "no tolerará prácticas que desvirtúen el régimen legal de las VPO".