La Asociación de Empresas de Energías Renovables dice que hay 500 millones en riesgo por la moratoria al biometano

En un encuentro celebrado en Pamplona, la asociación, integrada por más de 500 empresas y entidades del sector de las energías limpias, ha defendido que Navarra "no debe elegir entre el desarrollo del biometano y la protección del territorio, al contrario, la respuesta adecuada a las preocupaciones sociales debe ser una implantación ordenada, transparente y con garantías, basada en criterios claros de ubicación, dimensión de los proyectos, trazabilidad de los residuos, control del digestato, participación local y supervisión ambiental".

Proyectos bien diseñados

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de APPA Renovables, Javier Alberto Muñoz, ha asegurado que "el biometano no debe desplegarse de cualquier manera, pero tampoco tiene sentido paralizar una tecnología renovable que puede ayudar a resolver problemas reales del territorio". "La solución no es bloquear, sino exigir proyectos bien diseñados, bien integrados y con todas las garantías ambientales", ha señalado.

APPA ha afirmado que los residuos agroganaderos, agroindustriales y orgánicos ya están presentes en el territorio. "La digestión anaerobia permite tratarlos de forma controlada, producir gas renovable y generar digestato, que puede utilizarse como fertilizante orgánico bajo criterios agronómicos. Bien gestionado, el biometano no crea un nuevo problema ambiental, contribuye a transformar residuos en recursos, reduciendo emisiones difusas, mejorando la gestión de efluentes y generando una alternativa renovable al gas natural fósil importado", ha asegurado.

Muñoz ha señalado que "el biometano es economía circular aplicada al territorio". "Parte de residuos locales, produce energía renovable y devuelve al campo un fertilizante orgánico que puede sustituir parte de los fertilizantes minerales. Es una herramienta para gestionar mejor lo que ya existe, no para generar un problema nuevo", ha indicado.

Según APPA, el desarrollo del biometano en Navarra permitiría generar cada año alrededor de 264.000 toneladas de digestato, reciclar más de 1.580 toneladas de nitrógeno y evitar 154.000 toneladas de CO2. Además, ha asegurado que la producción de gas renovable permitiría reducir en torno a 38 millones de euros anuales las importaciones energéticas, reforzando la seguridad de suministro y la autonomía energética.

Inversiones

Desde el punto de vista económico y social, el sector estima que el despliegue del biometano podría crear unos 440 empleos, especialmente vinculados al medio rural, la operación de plantas, la logística, la gestión del digestato, la actividad agroganadera, los servicios técnicos y la industria asociada. "Estamos hablando de una oportunidad ambiental, energética e industrial muy concreta para Navarra. Menos emisiones, mejor gestión de residuos, fertilizantes sostenibles, empleo rural y menor dependencia energética exterior. Todo ello exige hacer las cosas bien, pero precisamente por eso hace falta planificación, no parálisis", ha afirmado el directivo de APPA Renovables.

Según esta asociación, la moratoria en Navarra puede "comprometer" más de 500 millones de euros en inversiones vinculadas al desarrollo del biometano en la Comunidad foral: alrededor de 300 millones de euros que podrían no llegar a materializarse y otros 200 millones adicionales que dejarían de tramitarse por la moratoria. "En un momento en el que Europa está impulsando los gases renovables como herramienta de descarbonización, seguridad energética y economía circular, Navarra corre el riesgo de perder posicionamiento industrial y capacidad de atracción de proyectos", ha señalado APPA.

La asociación ha destacado que otros países europeos "han avanzado en biometano gracias a marcos regulatorios estables, mecanismos de apoyo predecibles, integración con la red gasista y una adecuada planificación territorial". Para APPA Biogás, "Navarra puede ocupar una posición relevante si apuesta por proyectos solventes, trazables y vinculados al territorio".

La asociación ha reconocido que "existen preocupaciones sociales legítimas asociadas a la implantación de nuevas instalaciones, como los olores, el tráfico, la gestión del digestato, la seguridad o la protección de acuíferos", pero ha defendido que "estos riesgos deben abordarse con regulación, control técnico y exigencias ambientales, no mediante el bloqueo generalizado de la tecnología".

Entre las medidas necesarias, la asociación ha destacado la implantación de plantas cerradas, sistemas de depuración y biofiltros, rutas logísticas "razonables", radios de proximidad para los sustratos, medición y control de emisiones, planes de abonado, analíticas del digestato, trazabilidad de entradas y salidas, participación local y supervisión administrativa.

APPA Biogás ha defendido "un marco claro, exigente y ágil, que permita tramitar los proyectos que aporten valor ambiental y territorial y descartar aquellos que no se ajusten a los criterios técnicos, sociales o ambientales necesarios". "Los riesgos existen, como en cualquier actividad industrial o ambiental, pero se gestionan con normas claras, controles rigurosos y transparencia. Una moratoria no distingue entre buenos y malos proyectos; una buena regulación, sí", ha señalado Javier Alberto Muñoz.