ucho se ha hablado sobre los "Fondos Next Generation" provenientes de la Unión Europea, con los que se espera que salgamos de esta crisis que venimos padeciendo desde hace ya demasiado tiempo. Su magnitud es impresionante, pues para España suponen 140.000 millones de euros que se canalizan a través de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recientemente aprobado por la Comisión Europea. Este Plan se orienta de forma prioritaria hacia la transición ecológica (la lucha contra el cambio climático es fundamental) y la transformación digital como vía para ganar competitividad económica en este nuevo mundo más interconectado y globalizado, sin descuidar la cohesión territorial y la igualdad de género. Estos ejes son el armazón básico de un abanico de reformas de calado muy amplio y en sintonía con una estrategia de alcance continental.
La primera reacción de muchos agentes sociales y económicos fue la de buscar oportunidades para acceder a esta financiación, preparando proyectos que mostrar a las administraciones a través de las que se haría la distribución de esos fondos. Sin embargo, esa preocupación ha ocultado lo que, a mi juicio, es la cuestión más relevante de toda esta magna operación, que no es otra que la situación resultante de la ejecución del Plan. Así, la cuestión relevante no era tanto "¿Qué puedo obtener del Plan?" sino "¿Cómo será la sociedad después del Plan?" La búsqueda de oportunidades individuales no debe desviar la atención social de lo verdaderamente importante, que es el efecto que va a tener la realización de las reformas e inversiones recogidas en el Plan. Porque no conviene olvidar que la finalidad de los Fondos Europeos son las reformas, y las inversiones no son sino meros instrumentos de un cambio profundo que se va a producir en un periodo muy corto, pues todo tiene que estar terminado a finales de 2026.
Hay que prepararse para una sociedad en la que la lucha contra el cambio climático va a ser una prioridad a todos los niveles y que, además de financiar inversiones, se van a penalizar comportamientos perjudiciales para el medio ambiente. También se va a potenciar la digitalización, pero las inversiones y ayudas no van a ser una oportunidad de mejora, sino la respuesta a una tendencia mundial imparable que rige las relaciones sociales y económicas. Será obligado subirse a ese tren, porque quien no lo haga se quedará fuera de este nuevo mundo.
Una vez fijada la importancia de los resultados de los proyectos que se financiarán con estos Fondos surge otra cuestión relevante: ¿Es creíble el Plan? La pregunta no es un bizantinismo propio del debate político, pues los resultados de esos proyectos, en tanto que suponen reformas profundas de la sociedad europea, van a condicionar decisiones que deben tomar los agentes económicos y los ciudadanos en general. Por eso, es legítimo exigirle al Plan una formulación robusta y viable, así como garantías de que la información que se difunda sobre su cumplimiento sea real y fiable.
La primera de las cuestiones viene avalada por la preceptiva aprobación de las Instituciones comunitarias: el Plan español ya ha sido aprobado por la Comisión Europea, lo que avala su calidad técnica y su adecuación a los criterios comunitarios, y en fechas próximas se espera que sea aprobado por el Consejo Europeo. Esta aprobación tendrá una significación muy especial, por cuanto supone el aval de aquellos países que hace un año mostraron serias reticencias sobre el otorgamiento de financiación a los países del sur de Europa.
En cuanto a la fiabilidad de la información sobre el cumplimiento del Plan, el modelo va a ser muy diferente del habitual: se parte de una definición previa y precisa de objetivos cuantitativos a cubrir y unas reformas a acometer, con escaso margen de decisión para las administraciones ejecutoras, que constituye las condiciones para la percepción de los fondos. Adicionalmente, Europa exige disponer de un sistema de gestión y control de los fondos capaz de prevenir, detectar y corregir irregularidades. Todas estas condiciones serán objeto de auditoría comunitaria, desde el efectivo cumplimiento de los objetivos (y la fiabilidad de la información suministrada) hasta el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control. Si no se sale bien en esa foto, habrá que devolver el dinero recibido. Así de simple y así de claro.
De los proyectos financiados con estos Fondos se va a disponer de información muy precisa sobre su contenido y finalidad, sus previsiones de costes y objetivos a cubrir y su situación actual. Toda esa información, validada, se hará pública, lo que abre vías para el control ciudadano de las finanzas públicas, pues se ponen en relación recursos utilizados con resultados obtenidos, pudiendo compararse con sus previsiones iniciales. Para la evaluación de las políticas públicas y la participación ciudadana es un cambio muy importante. No sería malo que se quedara.
