Los efectos de ley de UPN en la educación navarra: varios interrogantes y alguna certeza

Más allá del debate político y la crisis abierta en el Gobierno foral tras la aprobación de la proposición de ley foral de UPN, la ciudadanía se pregunta qué consecuencias inmediatas tiene esa iniciativa legislativa en el sistema educativo navarro. Surgen varios interrogantes pero también hay alguna certeza.

Una cuestión está clara y es que la norma incorpora la derogación expresa de la resolución del Departamento de Educación que regulaba la renovación de conciertos educativos para Infantil y Bachillerato a partir del curso 2026-2027, una de las medidas cuestionadas por centros concertados y familias afectadas. En otras palabras, las quince unidades que se suprimían en otros tantos colegios e ikastolas se mantendrán al menos un curso más. Así las cosas, las unidades a concertar serán 290 en lugar de 276. Hay un centro, Jaso ikastola, que recuperaba la unidad perdida en el curso 2023-24. Tenía cinco conciertos y había solicitado (y se lo habían aceptado) seis. En cualquier caso no le influye para las nuevas solicitudes de 3 años (35 para 50 plazas) ya que la promoción que sufrió el recorte está actualmente en 3º de Infantil y, si no hay cambios, pasarán a 1º de Primaria con solo una línea.

El resto de ikastolas que habían sufrido recortes (Tafalla, Lodosa, Lesaka, Lizarra, Bera y San Fermín) así como los colegios San Cernin, Maristas, Luis Amigó, La Compasión Escolapios, Sagrado Corazón, Escuelas Pías de Tafalla, Santa Ana de Estella, La Milagrosa de Lodosa y Nuestra Señora de los Dolores de Mendavia mantendrán las unidades de este curso.

En un principio, esta moratoria de un año también afecta a la enseñanza pública, sin embargo, algunas voces de esta red muestran sus dudas de que esto vaya a ocurrir. "El concierto es el garante de que esas aulas no se van a cerrar pero en la pública no hay ningún tipo de garantías. Es como un brindis al sol. El Departamento decidirá lo que tiene que hacer", reflexionan desde Steilas, sindicato mayoritario en la enseñanza pública.

La equiparación de ratios, para 2027-28

Otra duda es qué va a pasar con el proceso de prematrícula. El consejero Carlos Gimeno advirtió hace diez días que, de aprobarse la ley, el Departamento de Educación se vería abocado a repetir el proceso de admisión porque habría que aplicar una bajada de ratios en la enseñanza concertada y también influiría en el diseño de las plantillas.

También advirtió de que afectaría alumnado de algunos centros públicos, como el Huertas Mayores de Tudela o el colegio de Falces, donde Educación, aseguró el consejero, "no podrá abrir la unidad de modelo D para que 13 familias han solicitado admisión para sus hijas e hijos". Los efectos también llegarían a la FP e incluso a algunos centros concertados donde ha habido mucha demanda y se quedarían más escolares fuera.

Ahora bien, el hecho de que la reducción de ratios máximos alumnado/aula (los mismos en ambas redes), lo que llevará a reducir las vacantes en la concertada, "no se vaya a aplicar el próximo curso sino el que viene", da cierto margen al Departamento y quizá no sea necesaria repetir la prematrícula.

Por otra parte, en aquella intervención, el consejero Carlos Gimeno también advirtió de que la normativa tenía "visos de inconstitucionalidad" porque invade competencias que la legislación básica atribuye a las administraciones educativas.

Y es que la normativa aprobada plantea una redefinición de los criterios para renovar los conciertos educativos. Dependerán, entre otros, de la valoración obligatoria de las diferentes propuestas que las direcciones de los centros trasladen al Departamento, a fin de adecuar las unidades educativas a las variaciones en el número de alumnos. Dichas propuestas, según se hace constar, podrán diferir de las del Departamento en cuestiones tales como inclusión educativa, necesidades de la población escolar, innovación pedagógica, intervención social o cualquier otra que se estimara pertinente.