caracas. Miles de venezolanos acudieron en los últimos dos días a las tiendas de electrodomésticos del país desde que el presidente, Nicolás Maduro, decidiera intervenir una importante cadena con promesas de atacar los altos precios a menos de un mes para las elecciones municipales del 8 de diciembre.
Con militares custodiando negocios y nuevos anuncios como la salida a la calle de la Milicia y el Poder Popular, órganos integrados por ciudadanos, Maduro ratificó su decisión de luchar de manera coercitiva contra los altos precios, con una inflación situada en 48,5% en diez meses.
El 10 de noviembre, Nicolás Maduro mandó a las Fuerzas Armadas ocupar todas las filiales de la importante cadena de tiendas de electrodomésticos, Daka, y confiscar y vender sus productos "a precios justos", anuncio por el que los venezolanos acudieron en masa a la tienda.
Según Maduro, los responsables de Daka habrían inflado los precios más allá del 1.000% de sus costes.
Maduro reiteró ayer su decisión y rechazó que se pueda producir un desabastecimiento de productos como consecuencia de los precios reducidos de los bienes intervenidos. "Garantizamos que todos los rubros que vamos a regularizar tendrán su reposición y su flujo natural", dijo, para después anunciar que ampliará su campaña contra la especulación al terreno de los alimentos, textil y calzado, juguetes y vehículos.
poderes especiales El presidente venezolano vinculó directamente la puesta en marcha de todas estas medidas con los poderes especiales (Ley Habilitante) que ha solicitado a la Asamblea Nacional para, en teoría, luchar contra la corrupción.
"Apenas aprueben la Ley Habilitante voy a sacar una ley de manera inmediata para fijar los porcentajes básicos de ganancia en todas las actividades económicas de la república", dijo. Maduro acusó además a la oposición de infiltrar las colas ante los negocios para generar violencia. La ofensiva también tuvo su correlato en la justicia, que ayer imputó a dos gerentes de una sucursal de Daka, la cadena de electrodomésticos intervenida, por estar presuntamente vinculados en el remarcaje de precios y cobro excesivo de artículos. Además, 28 personas fueron detenidas por delitos de especulación y acaparamiento, al estar vinculadas con la "alteración fraudulenta de la oferta y la demanda", infracción prevista en la Ley para la Defensa del Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios. Los gremios empresariales de Venezuela rechazaron estas actuaciones y llamaron a respetar la "propiedad privada".
