Un juez federal de Texas dictaminó que el programa de Acción Diferida para los inmigrantes Llegados en la Infancia (DACA) violó la ley estadounidense cuando se creó y prohibió conceder nuevos permisos bajo este marco.

El juez de distrito en Texas Andrew Hanen se puso del lado de un grupo de estados, liderados por Texas, que pidió el fin al programa argumentando que fue creado ilegalmente en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017).

En su conclusión, Hanen dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó una ley administrativa con la creación de DACA y su operación continuada.

El juez estuvo de acuerdo con una parte de las demanda de Texas, presentada en 2018, junto a otros ocho estados republicanos y negó las solicitudes de los defensores del programa, encabezados por el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), que representa a los inmigrantes en este caso.

También citó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de 2018 sobre el programa, que echó abajo las acciones tomadas por el expresidente Donald Trump (2017-2021), por no seguir los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 DACA. Sin embargo, no valoró la legalidad del programa.

A pesar de su fallo, Hanen dejó claro que su decisión no requiere que el Gobierno Biden tome “ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA”, y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo para sus beneficiarios.

En opinión del juez, “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que creó tan notable dependencia”.

El desafío legal emprendido por Paxton fue apoyado por los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

“Fue un golpe bajo, el segundo que recibimos”, dijo Beatriz, una madre indocumentada residente de Arizona que estaba esperando que el Gobierno aprobara la solicitud de DACA de su hijo Alberto, de 18 años.

La inmigrante fue la encargada de decirle a su hijo mayor que por ahora tendrá que “detener sus sueños” de poder continuar sus estudios superiores, pues en muchos estados los indocumentados no pueden recibir becas y deben pagar matrículas universitarias mucho más caras.

“No tomaron nuestra situación en serio”, reprochó a la administración demócrata la salvadoreña Claudia C, residente de Los Ángeles y una de las afectadas por la decisión de Hanen.

Claudia envío su solicitud como nueva beneficiaria de DACA en febrero pasado y, aunque la joven de 20 años alcanzó a presentarse a la toma de huellas y datos biométricos, aún no ha recibido ningún aviso de la aprobación del amparo.

Pero la joven espera que el Gobierno Biden intente por lo menos encontrar un camino para proteger a los indocumentados que enviaron sus solicitudes y aguardaban respuesta.

Por su parte el grupo latino Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) apostó por la fórmula que eligieron los demócratas llamada “reconciliación”, que permitiría una mayoría simple para aprobar la vía a la ciudadanía para amparados por DACA, el Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores indocumentados considerados “esenciales”.

Por la vía ordinaria serían necesarios al menos 10 votos republicanos en el Senado para aprobar los diferentes proyectos de ley que abrirían una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes, pero existen serias dudas de que se pueda llevar a cabo.