El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, convocó hoy para el 27 de febrero un referéndum constitucional, que limitaría los mandatos presidenciales y también le otorgaría inmunidad al considerado último dictador de Europa.

"¿Aprueba los cambios y añadidos a la Constitución de la República de Bielorrusia?", es la pregunta que deberán responder los bielorrusos. El nuevo presidente de la Comisión Electoral Central, Ígor Karpenko, adelantó que el viernes celebrará una reunión para abordar los preparativos de la consulta popular.

Según el proyecto de la nueva Carta Magna, el futuro jefe de Estado sólo podrá ostentar el cargo durante dos mandatos de cinco años cada uno, cláusula que ya existía, pero que Lukashenko modificó en 2004 para perpetuarse en el poder. Dicha cláusula no incumbe al actual presidente, sino al que será elegido en caso de celebración de nuevos comicios presidenciales.

El presidente sólo puede ser destituido por la Asamblea Popular de Toda Bielorrusia, que es acuñada en la Carta Magna como "máximo órgano representativo". El artículo 89 dictamina que, una vez abandonado el cargo, el presidente no podrá será perseguido judicialmente, lo que garantiza la inmunidad de Lukashenko, en el poder desde 1994.

Lukashenko, que según la oposición fue reelegido de manera fraudulenta en agosto de 2020, es acusado de ordenar la represión violenta de las protestas antigubernamentales, la tortura de los detenidos en los centros de reclusión y las condenas sumarias a largas penas de cárcel de políticos, activistas y periodistas.

La Constitución defiende el derecho de reunión, incluido la celebración de manifestaciones, mítines y piquetes, al igual que el derecho de asociación en forma de formación de partidos, aunque el régimen reprimió violentamente las protestas opositoras que estallaron tras el fraude electoral.

Según la Carta Magna, el ruso y el bielorruso son los idiomas oficiales del Estado; se prohíbe la financiación electoral extranjera y se promueve el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. En un intento de superar la crisis política en 2020, Lukashenko acordó con el presidente ruso, Vladímir Putin, que reformaría la Constitución.

No obstante, la oposición teme que Lukashenko modifique la Carta Magna para seguir en el poder, sea como jefe del Estado o como presidente de la Asamblea Popular de Toda Bielorrusia. La oposición en el exilio demanda nuevas elecciones sin la participación de Lukashenko, la puesta en libertad de todos los detenidos y el procesamiento judicial de los funcionarios que ordenaron la represión violenta de las protestas.