El Parlamento de Indonesia aprobó este martes su primera ley específica contra la violencia sexual con la que declara ilegal el abuso sexual o el matrimonio forzoso y ofrece a las víctimas un marco jurídico claro para protegerlas de los agresores.
La ley, que llega a este país de mayoría musulmana tras seis años de debates, penaliza de forma clara el acoso sexual físico o verbal, la contracepción o esterilización forzadas, el matrimonio forzoso, la tortura sexual y la explotación y la esclavitud sexual, aspectos que hasta ahora no estaban específicamente regulados en la legislación indonesia.
"Esta ley se pone del lado de la víctima y tiene en cuenta su punto de vista", declaró en el Parlamento el diputado del Partido Nacional Democrático y miembro del comité que ha preparado la ley Willy Adita, quien destacó que la norma otorga a las autoridades instrumentos legales para perseguir delitos de violencia sexual y permite que el Estado proteja a las víctimas.
El texto final prevé penas de hasta 12 años por abuso sexual tanto dentro como fuera del matrimonio, cuatro años por relaciones sexuales no consentidas y 15 años por la explotación sexual, incluido en este apartado el matrimonio infantil, que hasta ahora estaba permitido si se obtenía el permiso de un tribunal musulmán.
La ley no recoge propuestas incluidas en borradores anteriores, como el aborto forzoso o una definición clara de qué se considera una violación, pero sí prevé una indemnización económica para las víctimas a través de un fondo y un programa de rehabilitación para la víctima.
También prohíbe que el violador se case con su víctima, una práctica hasta ahora frecuente, especialmente en los casos en que la mujer queda embarazada por el violador.
Las denuncias de violencia sexual se han incrementado en los últimos años en Indonesia, pero se han enfrentado a un vacío legal frustrante para las víctimas.
El debate cobró fuerza en 2016, cuando el país quedó conmocionado por la violación y el asesinato de una niña de 13 años por 14 hombres borrachos, pero la oposición de grupos conservadores musulmanes, que alegaban que una ley de este tipo promovería el adulterio, ha ralentizado el debate parlamentario.
