Venezuela pone fin a la ley de amnistía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche del jueves que la amnistía "llega a su fin", apenas dos meses después de la aprobación de una ley que no contemplaba caducidad. La decisión generó el rechazo de las ONG y de la oposición en todo el país, que califican la medida de "arbitraria e inconstitucional" al considerar que no es competencia del Ejecutivo su derogación ni la norma establece un vencimiento para sus beneficiados.

Rodríguez justificó el fin del proceso por el "recrudecimiento de la confrontación política" tras los ataques de EE.UU. en suelo venezolano el 3 de enero, cuando fueron capturadosNicolás Maduroy Cilia Flores. Según la mandataria, la medida "ha salido muy bien en cuanto a la cobertura", pese a las "voces que buscan perturbar los procesos". Señaló que los casos excluidos podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal instaurada también el jueves.

Según el diputado Jorge Arreaza, quien preside la comisión, 8.616 personas han sido amnistiadas hasta la fecha, aunque solo 314 de ellas estaban encarceladas. Las autoridades recibieron 12.187 solicitudes válidas vinculadas a 13 hechos ocurridos en 13 años distintos desde 1999. Sin embargo, la ONG Foro Penal advierte que aún persisten 473 presos políticos y que menos del 25% de las excarcelaciones se deben a esta ley. Además, el Gobierno sigue sin publicar el listado oficial de identidades de los beneficiados solicitado por la ONU y su comisionado Volker Türk.

Organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia denunciaron que el anuncio viola la separación de poderes, pues su derogación no compete al Ejecutivo. "Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional", manifestó Provea. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón calificó el hecho como un "atropello al Estado de derecho" que genera "inseguridad jurídica", deja en vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante a los tribunales para desestimar de facto solicitudes bajo una premisa inexistente.

El partido opositor Primero Justicia tildó además la norma de "insuficiente y excluyente", exigiendo la libertad plena de civiles y militares para iniciar una transición. La ley advierte en su último artículo que los beneficiados que incurran en delitos posteriores serán procesados. Con la instalación de la comisión para reformar el sistema penal, el Gobierno afirma que busca superar males como la corrupción y el retardo procesal del país, mientras el Ejecutivo cierra un instrumento que para las ONG ha sido solo un "ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad".