El Gobierno anuncia acciones legales por 73 VPT de Sarriguren, pero sin precisar contra quién

PAMPLONA. "Hay un problema, las cosas no se han hecho bien, y ahora hay que ver cómo se soluciona". Así de tajante se mostró la consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Amelia Salanueva, en su primera comparecencia en comisión parlamentaria, donde informó, a petición de NaBai, sobre las medidas que su departamento está adoptando en relación a las 73 VPT de Sarriguren y que presentaron numerosos fallos constructivos desde que fueron entregadas a sus propietarios en 2006. Asimismo, anunció que los informes jurídicos respecto a este asunto ya han sido solicitados "para iniciar las acciones" judiciales pertinentes con el fin de exigir responsabilidades, si bien no precisó "contra quién". "No me atrevo a decir contra quién, de eso se encargarán los informes jurídicos", resaltó. NaBai, CDN y PSN responsabilizaron tanto a la empresa constructora como a la dirección facultativa -los arquitectos del proyecto Conrado Capilla Frías y José V. Vallejo Lobete, además de Elena Pérez López- de la situación creada, si bien los socialistas e IU añadieron una responsabilidad política.

La consejera de Vivienda explicó en una exhaustiva comparecencia cómo la adjudicataria de las obras de construcción, la UTE formada entonces por Dragados y Navarconsa, ya reparó algunos de los fallos, aunque de manera "deficiente e incompleta". "La opinión que mantiene el departamento y Vinsa", sostuvo Amelia Salanueva, "es que la empresa adjudicataria no ha puesto todos los medios materiales y personales suficientes para reparar las deficiencias". Cuando lo ha hecho, precisó, "no ha sido de manera satisfactoria, porque han vuelto a aflorar los fallos constructivos".

Ante nuevas deficiencias y con informes técnicos, Vinsa -sociedad pública adscrita a Vivienda y promotora- decidió contratar en 2008 a otra empresa para que subsanara los problemas constructivos, en este caso a Reformas Sadar. Hasta la fecha, las reparaciones en elementos comunes y privativos ya han supuesto un desembolso de 875.519 euros, que se traduce en unos 12.000 euros por vivienda.

solución definitiva Debido a que algunas deficiencias siguen persistiendo en las VPT de estos vecinos de Sarriguren, Salanueva informó de que Vinsa ha solicitado este año diversos informes sobre telecomunicaciones, calefacción, electricidad, incendios y termografía, además de otro pericial de elementos privativos, que aún está por visar, a una arquitecta externa. Para la titular de Vivienda, estos informes permitirán realizar un "diagnóstico definitivo" de la situación en estas viviendas. "Estamos dispuestos a cumplir a rajatabla lo que ese informe pericial nos diga, a ejecutarlo y cerrar el expediente de manera satisfactoria para todos", incidió.

Todos los grupos parlamentarios coincidieron con la consejera de Vivienda en buscar soluciones para los propietarios afectados y luego exigir responsabilidades. En este sentido, para Txentxo Jiménez, de NaBai, "esta obra parece que viene de culo, por cómo parece que se diseñó, cómo actuó la dirección de obra, cómo actuó el constructor y la propia Vinsa, que en último término era la promotora, la receptora de la obra y la que tenía que haber hecho el control de la misma". Asimismo, Jiménez cuestionó que las actuaciones para subsanar los fallos "hayan resuelto los problemas de fondo" e incidió en que Vinsa debe exigir responsabilidades. "No tenemos inconveniente en dejar enfriar la patata caliente, que Vinsa la gestione ante Dragados de la mejor manera posible, ante los tribunales si hace falta", antes de que sean los vecinos "quienes lleven a Vinsa a los tribunales".

REPARACIONES "CHAPUCERAS" Uno de los más críticos fue el portavoz del PSN, José Mª Vázquez, quien resaltó que "no estamos sólo ante una obra mal ejecutada, sino también mal diseñada. Este proyecto es un auténtico despropósito desde el principio y eso hace que ahora nos encontremos con reparaciones chapuceras". Para el PSN, existe además una responsabilidad de la dirección de obra y también "política". "Vinsa es la responsable de encargar el proyecto, de adjudicar la obra, de controlar su ejecución, que se recepcione adecuadamente y que se cumpla la habitabilidad. Vamos a pedir que luego recuperemos ese dinero", añadió.

Desde el CDN, José Andrés Burguete, titular de Vivienda cuando se entregaron las llaves, incidió en que lo importante es dar una solución a los vecinos y achacó la responsabilidad "absoluta" a la empresa constructora y a la dirección facultativa, "tanto por la ejecución como por las inversiones que Vinsa ha tenido que realizar con posterioridad".

Amaya Otamendi, de UPN, admitió que ha sido un "proceso complicado, que no se ha llevado todo lo bien que se podía haber llevado" y exigió responsabilidades "a quien haya que pedir", sin especificar.

Finalmente, el portavoz de IU, Ion Erro, criticó que se concediese en junio de 2006 la calificación definitiva a estas viviendas, cuando un informe previo advertía de toda una "correlación de deficiencias". "Algún tipo de responsabilidades habrá que achacar", sentenció.