Afectados de vivienda protegida hacen un llamamiento para crear una asociación

Cabe recordar que la familia Jiménez-Lestado, que durante tres años residió en el número 10 de la calle Oianondoa de Berriozar, se vio obligada a abandonar la vivienda de alquiler protegido tras recibir insultos, amenazas y agresiones por parte de sus vecinos. Unos hechos por los cuales reclamaron 90.578,39 euros de responsabilidad patrimonial al departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio por presuntos daños materiales y morales. El Gobierno de Navarra desestimó la demanda y la familia impugnó la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo el 21 de abril desestimó el recurso al hallar el acuerdo "en conformidad con el ordenamiento jurídico". El TSJN sostiene que los demandantes suscribieron su régimen de alquiler "única y exclusivamente" con la entidad mercantil Vinsa (Viviendas de Navarra SA). Al respecto, indica que es cierto que "el total del capital está participado al 100% por el Gobierno de Navarra", ahora bien "esto no le priva de su carácter y naturaleza de entidad mercantil", de manera que las actuaciones de Vinsa respecto de los adjudicatarios de las viviendas se enmarcan en el ámbito del derecho privado. En esta línea, añade que la entidad pública mercantil "no tiene carta de Administración Pública ni acogida en el ámbito de tal", por lo que es imposible incluirla en este ámbito de actuación.

Tanto Jiménez como Lestado se quejaron de que "la sentencia no ha ido al fondo de la cuestión. Nos hemos equivocado de vía y tendríamos que ir a un juicio civil". La familia está estudiando la posibilidad de interponer la demanda, para lo cual tienen un año, pero antes quieren agotar todas las vías. "Estamos viendo los pros y los contras porque todo juicio es un poco una lotería, porque una cosa es tener la razón, otra probarla y otra que te la den", afirmó Lestado. No obstante, Jiménez dijo que llegarán hasta el final. Lestado consideró que hay "un poco de trampa, es como un blindaje. El gerente me lo pone el Gobierno de Navarra, que es el único socio de Vinsa, pero luego Vinsa es una empresa pública. Es con ella con la que firmas los contratos y tienes que ir contra ellos, aunque tienen todos los abogados y el apoyo del Gobierno".

crítica Jiménez, Lestado y Bezmar denuncian que Vinsa junte en un mismo bloque a familias con problemas de integración social, creando guetos, y que además no informe de ello a los inquilinos. En el caso de Bezmar, en mayo tuvo que marcharse de su piso en Buztintxuri. "Nadie me ha ayudado a irme, no me han puesto más que pegas y al final me he tenido que ir a un piso libre", dijo.

Los tres hicieron un llamamiento para crear una asociación con personas que sufran situaciones similares, para contar con más herramientas y una estructura con la que solucionar estos problemas y "no estar solos dando palos de ciego". Al respecto, Lestado expuso que "Vinsa, igual que el Gobierno de Navarra, juega con todos nosotros porque es conocedor de lo que tenemos y cuál es nuestra debilidad. Nuestra debilidad es que somos obreros y si accedemos a VPO es porque no tenemos capital para podernos meter en viviendas libres. Tenemos unas economías justas y ellos lo conocen y saben hasta dónde podemos llegar. Yo podré llegar hasta aquí sola, pero si tengo gente detrás puedo llegar hasta aquí -señala más lejos- y entonces ya no vas a jugar conmigo igual, porque ya estamos hablando de igual a igual. Hay que terminar con esto ya. No se puede jugar así con las personas, no hay derecho". Y concluyó diciendo que "si estábamos en un piso de protección oficial era porque no podíamos pagar lo que había fuera, pero eso no significa que porque tengas una economía corta me machaques y me metas en un gueto".